lEl enfrentamiento entre el gobierno y Vinci continúa. El grupo amenaza con aumentar un 5% los peajes de las autopistas de las que es concesionario, si se aplica un impuesto sobre las concesiones de autopistas previsto en el proyecto de presupuesto de 2024.
Este impuesto, en nombre de la transición ecológica, afecta principalmente a las empresas concesionarias de autopistas (SCA), de las que forma parte Vinci Autoroutes. Desde la privatización de las carreteras en 2006, estas empresas se han hecho cargo de la construcción y el mantenimiento de la red en lugar del Estado. A cambio, recaudan los ingresos por peajes. Las empresas que explotan grandes aeropuertos, como ADP, también se ven afectadas por este impuesto,
En concreto, se aplicará un tipo del 4,6% “a la fracción de los ingresos de estas empresas que supere los 120 millones de euros”. Lo que permitiría, según Bercy, recaudar 600 millones de euros al año a partir de 2024. Tres cuartas partes de los cuales procederían del sector de las carreteras y una cuarta parte del sector aéreo. O algo menos de 8.000 millones de euros en trece años.
Para justificar su proyecto fiscal, el gobierno presenta varios argumentos que Vinci rechaza. Revisar.
Las empresas de carreteras obtienen beneficios excesivos
Para el gobierno, este impuesto es una oportunidad para demostrar que está atacando” ganancias excedentes » multinacionales. Invitado a LCI el 12 de septiembre, el Ministro de Economía, Bruno Le Maireanunció que quería “evitar los beneficios excesivos que han obtenido las empresas de carreteras”.
El año pasado, Vinci Autoroute obtuvo un beneficio de 2.200 millones de euros. De acuerdo a un análisis independiente realizado a petición del Senado, el importe de los dividendos pagados por las SCA a sus accionistas entre 2022 y 2036, año en el que finalizan las concesiones, podría alcanzar los 40.000 millones de euros. Incluyendo 32 mil millones para Vinci y Eiffage.
Sin embargo, sería exagerado hablar de rentabilidad excesiva, al menos por el momento. De acuerdo a un informe de la Autoridad Reguladora del Transporte, publicado en enero de 2023, la rentabilidad media de los fondos invertidos por las SCA históricas desde el inicio de las concesiones es del 7,8%. Una tasa inferior al 8% previsto en el momento de la firma de los contratos con el Estado.
Las SCA se beneficiaron de exenciones fiscales
El gobierno también invoca la necesidad de “corregir el efecto inesperado” del que se beneficiaron estas empresas. Se trata de la eliminación de la contribución sobre el valor añadido de las empresas y la reducción del tipo del impuesto de sociedades del 33% al 25% durante el primer mandato de cinco años de Macron. Pero en la opinión que emitió el 8 de junio, a petición del Gobierno, el Consejo de Estado considera que estas reducciones fiscales no deben considerarse como un “efecto inesperado” sino como “peligros normales” de la explotación de las carreteras.
El impuesto no afectará a las tarifas de los peajes
El Gobierno ha repetido: el impuesto no afectará a los usuarios de las autopistas. Sin embargo, Vinci advierte que tendrá que compensarlo con un aumento, que estima en un 5%, de las tarifas de los peajes. El grupo invoca el artículo 32 del pliego de condiciones: cualquier impuesto específico de las SCA debe ser objeto de un análisis para determinar si “puede degradar el equilibrio financiero de la concesión”. En caso afirmativo, “las partes adoptarán, lo antes posible, las medidas de compensación, en particular arancelarias”.
¿Y en caso de un impuesto generalizado? Ahí radica la estratagema del gobierno. Al ampliar la tasa a los aeropuertos, espera hacer que este artículo 32 sea irrelevante y, por tanto, evitar que tenga repercusiones en las tarifas de peaje.
Sin embargo, en su dictamen del 8 de junio, el Consejo de Estado pide al Gobierno que actúe con prudencia: “Cualquier nueva contribución que, sin dirigirse explícitamente a las empresas concesionarias de autopistas, tendría como efecto práctico, teniendo en cuenta sus condiciones, ponderar exclusiva o casi exclusivamente sobre ellos podría, previa apreciación del juez del contrato, dar lugar a un derecho a indemnización. »
El director general de Vinci Autoroutes lo sabe bien. “Acudiremos al terreno de la justicia administrativa, constitucional y convencional europea”, declaró Pierre Coppey en Francia Información, 15 de noviembre. El gobierno ha sido advertido.
Las SCA deben contribuir a la transición energética
El impuesto deseado por el gobierno debe utilizarse para financiar el ferrocarril, con el fin de descarbonizar el transporte. Pero para el director general de Vinci Autoroute, este impuesto sería contraproducente. “Incluso si duplicamos el porcentaje de viajes en tren, el 80% de los viajes se realizarán por carretera”, estima Pierre Coppey. De ahí la necesidad de invertir en la descarbonización de la autopista, por ejemplo mediante el despliegue estaciones de carga para coches eléctricos.
Según Vinci, el impuesto deseado por el gobierno reducirá su capacidad para realizar estas inversiones. Porque estos son muy caros. El grupo calcula, a través de un informe de la consultora Altermind publicado en 2021, entre cinco y seis mil millones de euros el coste de un tramo típico de 1.000 kilómetros de una autopista resiliente y con bajas emisiones de carbono. O entre 60 y 70 mil millones de euros para toda la red de autopistas.
2023-11-20 07:56:00
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