Ese método de evaluación recuerda el enfoque tradicional para evaluar nuevas técnicas quirúrgicas, que a veces se ha demostrado que no tienen valor o son peores, después de haber sido sometidas a pruebas más rigurosas. Las mastectomías radicales, por ejemplo, se utilizaron ampliamente durante décadas antes de que los ensayos aleatorios mostraran que una cirugía mucho menos extensa y desfigurante seguida de radiación era un tratamiento igualmente eficaz.
Por supuesto, la realización de ensayos aleatorizados puede plantear más desafíos para evaluar una nueva cirugía que un nuevo fármaco. Una técnica quirúrgica puede ser lo suficientemente más difícil de estandarizar como para poder probarla en una población amplia, y cegar a la paciente sobre el tratamiento que recibe puede ser mucho más difícil.
Pero estos problemas de viabilidad no se aplican a los nuevos métodos de pago, que son intervenciones bien definidas y estandarizadas, y donde no se desea cegar a los proveedores médicos a las reglas de pago.
Sin embargo, como en la medicina, no todas las políticas públicas pueden, o deberían, tener evaluaciones aleatorias. Los proyectos gubernamentales únicos, como el “Big Dig” en Boston o el Superconductor Super Collider en Texas, no tienen un grupo de comparación natural, aleatorio o de otro tipo. En tiempos de crisis, o cuando los desacuerdos políticos tienen más que ver con la ideología que con el impacto, la evaluación en sí misma puede ser un mal consejo.
Pero cuando, como suele ser el caso, existe la oportunidad de una evaluación prospectiva y la ley lo requiere, la experiencia del Centro de Innovación subraya el valor y la viabilidad de los ensayos aleatorios de política social. A menudo, se pueden realizar a la misma velocidad y costo que cualquier estudio prospectivo, y pueden producir resultados más convincentes. La asignación aleatoria en la que el gobierno elige por sorteo quién puede recibir el programa también puede ser la forma más justa de asignar una intervención de forma limitada.
Es posible que las pruebas aleatorias aún no sean el estándar para la evaluación gubernamental, pero esas cosas llevan tiempo. Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos recibió el poder en 1962 para obtener “evidencia sustancial” de la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento, pero la agencia tardó más de cinco años en adoptar los ensayos aleatorios como el estándar apropiado.
Ahora que la administración Biden está, nuevamente, enfatizando apropiadamente que todas las agencias federales necesitan tomar “decisiones basadas en evidencia” basadas en los más altos estándares científicos, quizás las pruebas verdaderamente rigurosas de la política social se volverán tan comunes como lo son para las nuevas vacunas. Eso ayudaría a garantizar que los servicios gubernamentales se presten de la manera más eficaz y eficiente posible.
Amy Finkelstein es profesora de economía John and Jennie S. MacDonald en el MIT. Codirige J-PAL North America, un centro de investigación del MIT que realiza evaluaciones aleatorias.