Las restricciones de la era de la pandemia para las personas que buscan asilo en la frontera sur deben continuar, dictaminó un juez el viernes en una orden que bloquea el plan de la administración Biden de levantarlas a principios de la próxima semana.
El fallo es solo el caso más reciente de un tribunal que descarrila las políticas de inmigración propuestas por el presidente a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.
Si bien la administración puede apelar, el fallo aumenta considerablemente las probabilidades de que las restricciones no terminen como estaba previsto el lunes. Una demora sería un golpe para los defensores que dicen que se están pisoteando los derechos de solicitar asilo, y un alivio para algunos demócratas que temen que un aumento ampliamente anticipado en los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período ya difícil.
Las personas han sido expulsadas más de 1,9 millones de veces desde marzo de 2020 en virtud del Título 42, una disposición de salud pública que les niega la oportunidad de solicitar asilo en virtud de la ley estadounidense y el tratado internacional, citando la propagación de Covid-19.
El juez de distrito estadounidense Robert Summerhays en Lafayette, Luisiana, ordenó que las restricciones se mantuvieran mientras se desarrolla en los tribunales una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, y ahora se unen otros 22 estados.
Los estados argumentaron que la administración no había considerado adecuadamente los efectos que tendría el levantamiento de las restricciones en la salud pública y la aplicación de la ley. Drew Ensign, un abogado del estado de Arizona, argumentó en una audiencia que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. no habían seguido los procedimientos administrativos que requieren notificación pública y tiempo para recopilar comentarios públicos.
Jean Lin, abogada del departamento de justicia, le dijo al juez que el CDC estaba facultado para levantar una restricción de salud de emergencia que consideraba que ya no era necesaria. Ella dijo que la orden era una cuestión de política de salud, no de inmigración.
Summerhays, quien fue designado por Donald Trump, ya había fallado a favor de los estados al detener los esfuerzos para reducir el uso de la regla de la era de la pandemia. Dijo el mes pasado que una eliminación gradual cargaría a los estados con “costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios”.
El Título 42 es la segunda política importante de la era de Trump para disuadir el asilo en la frontera mexicana que Joe Biden descartó, solo para ser revivida por un juez designado por Trump.
El mes pasado, la corte suprema de EE. UU. escuchó argumentos sobre si permitir que la administración obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias en la corte de inmigración de EE. UU. Ese caso, desafiando una política conocida como “Permanecer en México”, se originó en Amarillo, Texas. Fue restablecido en diciembre por orden del juez y permanece vigente mientras se desarrolla el litigio.