En ese momento, el gobierno esperaba profesionalizar y despolitizar el trabajo consolidando un sistema fragmentado en una fuerza nacional, dijo Juan Carlos Ruíz, profesor y experto en seguridad de la Universidad del Rosario de Colombia.
En la década de 2000, la policía se había convertido en un actor fundamental en una estrategia de contrainsurgencia destinada a erradicar a las FARC, en la que los militares expulsaron a los rebeldes del territorio y la policía mantuvo ese terreno. La estrategia funcionó, lo que obligó a los rebeldes a negociar. Y le ganó a la policía “niveles muy altos de confianza ciudadana”, dijo Paul Angelo, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.
Pero desde el acuerdo de paz, poco ha cambiado dentro del departamento de policía.
Juan Manuel Santos, quien era presidente cuando se firmó el acuerdo, había apoyado durante mucho tiempo el traslado de la policía del Ministerio de Defensa. Pero la idea había sido impopular entre las fuerzas armadas, en parte porque la policía aporta dinero y mano de obra al ministerio, dijo Angelo. Para cuando Santos firmó el acuerdo de paz, le quedaba poco tiempo en el cargo e incluso menos capital político. El cambio nunca se hizo.
Ahora, los defensores de la reforma policial están presionando nuevamente para trasladar la fuerza de 140,000 oficiales del departamento de defensa al Ministerio del Interior, y para priorizar la capacitación en derechos humanos, limitar el armamento y juzgar a los oficiales que cometen delitos en tribunales ordinarios en lugar de militares.
En una entrevista, el jefe de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dijo que había presentado un plan de reforma al país a principios de este año. Pero la policía no debe ser sacada del Ministerio de Defensa, dijo.
“La situación del narcotráfico y de los grupos ilegales en este momento no lo permite”, dijo, calificando estos temas como “el principal problema en Colombia”.
Las protestas comenzaron a fines de abril, cuando Duque propuso una reforma fiscal destinada a ayudar a cerrar un agujero fiscal agravado por la pandemia. El país ya estaba al límite: después de un año de restricciones relacionadas con Covid, el brote solo empeoraba, junto con la pobreza, la desigualdad y el desempleo.