Las autoridades de Portugal han incautado una serie de productos alimenticios en los últimos meses, como carne, pescado, complementos alimenticios y aceite de oliva.
A principios de este mes, la Autoridad de Seguridad Económica y Alimentaria (ASAE), con ayuda de la Guardia Nacional Republicana (GNR), incautó 8,5 toneladas de pulpo fresco y congelado procedente de España en la ciudad de Olhão.
Las autoridades encontraron que el operador no estaba registrado correctamente en la Dirección General de Alimentos y Asuntos Veterinarios (DGAV) y no tenía los documentos necesarios para garantizar la trazabilidad de los productos.
También en marzo, una unidad regional de ASAE confiscó 4.200 paquetes de suplementos alimenticios por un valor estimado de € 16.800 ($ 17.800) de un importador en el municipio de Sintra.
La acción se tomó debido a la adición de una sustancia no autorizada a un complemento alimenticio. El óxido de hierro no figura como fuente autorizada de hierro en suplementos en la normativa de la UE.
Portugal se dio cuenta del problema después de que las autoridades estonias emitieran una notificación del Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) en diciembre de 2022. El producto implicado también se distribuyó a Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina y Letonia.
Febrero ocupado
En febrero, una unidad regional de ASAE inspeccionó un establecimiento de restauración y almacén de alimentos en Barreiro. Descubrieron alimentos no aptos para el consumo humano, que fueron destruidos.
Se encontraron un total de 900 kilogramos (1.980 libras) de productos alimenticios de origen animal, como carne y pescado, con un valor estimado de 10.000 euros (10.600 dólares). Las operaciones se suspendieron hasta que se corrigieran las violaciones.
A principios de mes, ASAE desmanteló unidad de fabricación ilegal de mermeladas y salsas en Águeda. Los oficiales encontraron que en el garaje de una casa se estaban haciendo mermeladas de frutas y salsas, pero el operador no tenía licencia y las condiciones de higiene eran deficientes.
Algunos productos elaborados en el sitio ya habían sido detenidos por las autoridades en un supermercado en Mealhada porque se vendían al público con irregularidades en el etiquetado.
Otro operativo en Mealhada, con la Guardia Nacional Republicana, condujo al decomiso de 2,3 toneladas de productos cárnicos.
Agentes interceptaron un vehículo que transportaba carne de cerdo de un matadero en Santarém a una sala de despiece en Macedo de Cavaleiros. Después de encontrar carne en el piso, se desvió para su limpieza en un sitio aprobado. También descubrieron problemas con el registrador de temperatura instalado en el vehículo, lo que significaba que la temperatura de la carne no se controlaba con precisión.
Operaciones de carne y aceite de oliva
A finales de enero, ASAE bloqueó más de 500 kilogramos (1.100 libras) de productos cárnicos en una cámara frigorífica de Beja. La agencia encontró carne de cerdo, oveja y res que no era apta para el consumo humano, por lo que impidió que se pusiera en el mercado y envió los productos para que fueran destruidos.
En el mismo mes, ASAE reveló los resultados de la Operación Talhos, que tenía como objetivo verificar el cumplimiento de los carniceros.
Se inspeccionaron un total de 232 operadores, abriéndose 43 expedientes administrativos. Algunos de los problemas incluían la falta de higiene y el incumplimiento de las normas técnicas durante la distribución, preparación y venta de carne y productos cárnicos; la falta de registros, inexactos o deficientes, y el incumplimiento de la vida útil. En total, se incautaron 525 kilogramos (1.160 libras) de productos cárnicos y se suspendieron tres establecimientos.
En diciembre, una unidad local de ASAE descubrió 73.000 litros de aceite de oliva falsificado en Portalegre.
Se sospechaba que el operador ponía una sustancia, que se pensaba que era aceite de orujo de oliva, en miles de contenedores etiquetados como aceite de oliva virgen extra, que luego se envasaban y enviaban a los mercados nacionales e internacionales.
Se iniciaron procesos penales por estafa. Además del aceite falsificado, se incautaron 116.000 etiquetas y diversos documentos. El valor de los artículos confiscados fue de casi 800.000 euros (850.000 dólares).
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