El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó el martes a Arizona por una nueva ley que requiere que las personas que usan un formulario federal para registrarse para votar proporcionen prueba adicional de ciudadanía si quieren votar por presidente o usar el popular sistema de voto por correo del estado.
La ley firmada por el gobernador republicano Doug Ducey el 30 de marzo está en conflicto directo con una ley federal de registro de votantes de 1993 y también viola la Ley de Derechos Civiles de 1964, según el Departamento de Justicia. La ley agrega requisitos para el formulario federal rechazado directamente por la Corte Suprema de EE. UU. en un caso de Arizona de 2013.
La Legislatura controlada por los republicanos conocía muy bien la ley federal y la decisión de la Corte Suprema escrita por el difunto ícono conservador, el juez Antonin Scalia. Pero siguieron adelante de todos modos, argumentando que la nueva ley aumentaría la seguridad electoral.
La fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la división de derechos civiles del departamento, calificó la nueva ley que entrará en vigencia en enero como “una violación de libro de texto de la Ley Nacional de Registro de Votantes”.
Ella dijo que la Ley Nacional de Registro de Votantes ha ayudado a eliminar los requisitos que dificultan registrarse para votar.
“Arizona aprobó una ley que hace retroceder el progreso al imponer requisitos ilegales e innecesarios que bloquearían a los votantes elegibles de las listas de registro para ciertas elecciones federales”, dijo la Sra. Clarke en un comunicado.
La ley viola la Ley de Derechos Civiles al exigir a los funcionarios electorales que rechacen los formularios de registro si contienen un error o si omiten información que no es necesaria para determinar el derecho de voto de una persona, dijo.
El gobernador Ducey dijo en una carta firmada el 30 de marzo que la ley está diseñada para atender a un número creciente de votantes que se registraron mediante el formulario federal y que no tenían que presentar prueba de que son ciudadanos. Los votantes del estado agregaron el requisito de prueba de ciudadanía en 2004 cuando promulgaron la Proposición 200, pero no se aplica al formulario federal.
El formulario federal requiere que una persona jure que es ciudadano, pero no hay ningún requisito de prueba. Aquellos que se registran utilizando el formulario y no responden a la solicitud de prueba de ciudadanía de los funcionarios electorales solo pueden votar en las elecciones federales. En 2020, poco más de 11,600 personas eran votantes federales únicamente, pero el número ha aumentado desde entonces. Desde la decisión de la Corte Suprema, Arizona ha permitido que quienes usen el formulario y no hayan proporcionado prueba de ciudadanía voten solo en las elecciones federales.
El portavoz del gobernador Ducey, CJ Karamargin, se negó a comentar y dijo que la administración no comenta sobre litigios.
El fiscal general republicano Mark Brnovich, que se postula para el Senado de los EE. UU., le dijo al Departamento de Justicia en una carta del 1 de julio que defendería la ley al máximo.
El proyecto de ley prohibiría a los votantes federales votar por correo o votar por presidente. Requeriría que los funcionarios electorales estatales cotejen la información de registro con varias bases de datos del gobierno para tratar de probar su ciudadanía y reportar a los fiscales a cualquiera que no puedan encontrar.
El proyecto de ley también requiere que las personas incluyan prueba de su dirección con los nuevos registros de votantes. Los funcionarios electorales dicen que eso es complicado e innecesario porque las direcciones se verifican en el momento de la votación, y los defensores del derecho al voto dicen que dificultará el registro de votantes.
Los propios abogados de la Legislatura dijeron a los legisladores que gran parte de la medida era inconstitucional, contradice directamente la decisión de la Corte Suprema de 2013 y es probable que sea desestimada en los tribunales. Se aprobó con el apoyo de solo la mayoría de los republicanos.
A los defensores del derecho al voto les preocupa que el proyecto de ley sea un intento de volver a estar frente a la Corte Suprema, ahora más conservadora.
“La integridad electoral significa contar todos los votos legales y prohibir cualquier intento de emitir un voto ilegalmente”, dijo el gobernador Ducey en una carta en la que explica su decisión de firmar el proyecto de ley.
Llamó al proyecto de ley “un enfoque equilibrado que honra la historia de Arizona de hacer que la votación sea accesible sin sacrificar la seguridad en nuestras elecciones”.
El representante Jake Hoffman desarrolló el proyecto de ley junto con la conservadora Heritage Foundation, y dijo que la medida trata de eliminar las oportunidades de fraude, aunque los casos de votantes que no son ciudadanos son extremadamente raros.
El representante Hoffman y otros simpatizantes dicen que afecta solo a los aproximadamente 31,500 votantes que no han mostrado prueba de ciudadanía. Los defensores de la votación dicen que es vago y podría ir mucho más allá, afectando a cientos de miles de personas que no han actualizado recientemente su registro de votante o licencia de conducir.
La demanda del Departamento de Justicia es la tercera que se presenta desafiando la ley desde que se aprobó. Los grupos de derechos electorales presentaron los dos primeros desafíos, que se fusionaron en un solo caso.
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