El Gobierno logra respaldo mayoritario para transferir fondos a Ceuta tras la llegada masiva de menores migrantes. Aragón, Castilla y León y Extremadura se desmarcan y consideran insuficiente la medida.
El Gobierno central ha conseguido este jueves el respaldo de 14 comunidades autónomas para transferir 25 millones de euros a Ceuta, destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados tras la entrada masiva registrada el 30 de julio. La decisión se tomó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, donde solo Aragón, Castilla y León y Extremadura, todas gobernadas por el PP con competencias de Infancia en manos de Vox, rechazaron la medida y no participaron en la votación.
El resto de regiones bajo gobiernos populares, aunque han apoyado la transferencia, han advertido que los fondos son insuficientes para cubrir las necesidades de más de 1.500 menores y adolescentes presentes en la ciudad autónoma. Según la consejera madrileña de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, la cantidad solo permitiría atender a los menores durante dos meses. Además, desde Madrid se insiste en que la prioridad debe ser el retorno de los menores a sus familias en Marruecos, rechazando su traslado a la Península y el reparto entre comunidades.
La reunión, celebrada tanto de forma presencial como telemática, contó con la participación de representantes de Andalucía, Madrid, Canarias, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, así como de Navarra, Cataluña, País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha. Las posturas han quedado divididas: Vox optó por el plantón, el PP mostró reticencias pese a su presencia, y las regiones socialistas y nacionalistas colaboraron con el Gobierno central. Ceuta, Melilla y Canarias, por su parte, buscan compartir la responsabilidad de la acogida con el resto del país.
El Ministerio de Juventud e Infancia mantiene como prioridad la reunificación familiar de los menores, aunque reconoce que la repatriación no siempre es viable por la dificultad de localizar a las familias o garantizar su seguridad en Marruecos. Por ello, propone repartir a los menores entre comunidades autónomas para agilizar los trámites de identificación y entrevistas, y decidir desde allí su futuro: retorno, permanencia o traslado a otra región. La ministra Sira Rego también ha planteado el traslado urgente de 500 niñas a recursos privados de ONG en la Península, aunque la decisión final corresponde a Ceuta, que ostenta la tutela legal.
La cifra exacta de menores en Ceuta sigue sin concretarse. Mientras algunas ONG hablan de hasta 4.000, el Ministerio de Economía cifra el número en más de 2.900, aunque fuentes del equipo de Sira Rego aseguran que, tras depurar duplicidades, hay 1.500 menores filiados. Sin embargo, aún quedan niños y adolescentes sin identificar ni registrar, por lo que la cifra real podría variar.
La presión migratoria en Ceuta ha obligado a las autoridades a buscar soluciones urgentes para la acogida y protección de menores extranjeros no acompañados. La transferencia de fondos aprobada es una medida temporal, mientras se debate el reparto de responsabilidades entre territorios y se exploran vías para la reunificación familiar. Según datos oficiales, España ha experimentado en los últimos años un aumento sostenido en la llegada de menores migrantes, especialmente en puntos fronterizos como Ceuta y Melilla. La gestión de estos flujos plantea retos legales, sociales y económicos tanto para las comunidades receptoras como para el Estado. El marco legal español y europeo exige garantizar la protección de los derechos de los menores, independientemente de su situación administrativa, lo que obliga a las administraciones a coordinar recursos y políticas de acogida.
