En España proponen suspender la expulsión de migrantes sin antecedentes durante la legalización. El Defensor del Pueblo instó al Ministerio del Interior a no expulsar a los extranjeros que hayan presentado solicitudes en el proceso de regularización masiva. La recomendación aplica solo a quienes carecen de antecedentes penales. Las autoridades deben revisar la documentación antes de tomar una decisión sobre la expulsión.
El Defensor del Pueblo de España ha solicitado al Ministerio del Interior que suspenda temporalmente la expulsión de extranjeros que ya hayan iniciado el proceso de regularización bajo el nuevo programa masivo. La recomendación se aplica solo a quienes no tienen antecedentes penales ni representan una amenaza para el orden o la salud pública. El organismo subraya que, mientras la solicitud de regularización está en trámite, la policía no debe iniciar ni ejecutar órdenes de expulsión.
La medida está relacionada con las quejas de extranjeros que fueron detenidos o notificados de una inminente deportación, a pesar de que ya habían presentado la documentación para regularizar su situación. Según el Defensor del Pueblo, en la mayoría de los casos se trata de personas que llevan mucho tiempo viviendo en España y tienen aquí trabajo, familia y lazos sociales. El organismo solicita al Ministerio del Interior no solo abstenerse de emitir nuevas órdenes de expulsión, sino también verificar la documentación de cada persona que declare haber solicitado la regularización antes de iniciar el procedimiento de deportación.
La regularización masiva comenzó el 16 de abril y finalizará el 30 de junio. Está diseñada para más de 500 mil personas. Para participar, es necesario presentar certificados de antecedentes penales tanto del país de origen como de otros estados donde el solicitante haya residido en los últimos años. Sin embargo, contar con antecedentes penales no implica automáticamente una denegación: cada caso se estudia de manera individual, pero si una persona es considerada una amenaza para el orden o la seguridad, su solicitud será rechazada.
En España existen dos procedimientos principales de expulsión de extranjeros que han cometido delitos: el administrativo (para quienes han sido condenados a más de un año) y el penal, cuando parte de la condena se sustituye por la deportación. En la práctica, la ejecución depende de las posibilidades de la policía y de los acuerdos internacionales. Es importante destacar que el Defensor del Pueblo limitó su recomendación únicamente a quienes no tienen antecedentes penales y no representan una amenaza.
Las cuestiones de legalización y control migratorio generan debates periódicamente en España. Por ejemplo, recientemente las autoridades de Cataluña reforzaron los controles en los exámenes PAU para prevenir irregularidades entre los estudiantes, lo que también está relacionado con los desafíos migratorios y educativos (más detalles sobre las nuevas normas en Cataluña).
Según datos oficiales, España sigue siendo uno de los países clave de la UE en número de migrantes, y las campañas masivas de regularización no son nuevas aquí. En 2005, una medida similar permitió a más de 500.000 personas obtener documentación. El nuevo programa busca reducir el número de inmigrantes en situación irregular y facilitar el acceso al mercado laboral, pero genera recelos en parte de la sociedad y en algunos políticos. Las autoridades insisten en que la prioridad es la seguridad y la transparencia de los procedimientos.
