Sara Aagesen primero rechazó y luego aprobó el rescate de Tubos Reunidos. La decisión cambió tras la intervención del PNV y contactos en el Gobierno. El caso revela la influencia política en ayudas millonarias.
El rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros fue inicialmente rechazado por Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, pero finalmente recibió luz verde tras una intensa movilización política. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que tuvo acceso EL MUNDO, la decisión de Aagesen cambió en apenas tres semanas, en un contexto de presiones del PNV y gestiones directas desde el Gobierno central.
La negativa inicial de Aagesen se produjo en junio de 2021, cuando la empresa vasca alegaba una crisis financiera que la situaba al borde del concurso de acreedores. La postura de la secretaria de Estado, motivada por razones ecológicas, fue comunicada internamente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), generando inquietud entre los responsables de la operación. Paralelamente, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, también mostraba reticencias, aunque centradas en el rescate de empresas hoteleras.
Ante el bloqueo, los implicados en la trama —entre ellos el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso— activaron sus contactos políticos. Fernández advirtió que sin “ayuda de arriba del todo” sería difícil obtener la financiación. El PNV, actor clave en la investidura de Pedro Sánchez, se movilizó rápidamente: la consejera de Industria vasca, Arantxa Tapia, contactó con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mientras otros interlocutores del Gobierno vasco presionaban a Aagesen.
El proceso se mantuvo bloqueado hasta principios de julio, cuando la intervención directa del PNV y la convocatoria de la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, en Moncloa, aceleraron el desenlace. Cuatro días después, el Consejo Gestor aprobó finalmente la ayuda. Aagesen delegó la presentación del informe favorable en el subsecretario Miguel González Suela, lo que permitió desbloquear la operación.
El caso de Tubos Reunidos pone de relieve cómo la presión política puede modificar decisiones técnicas en la gestión de fondos públicos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica, el proceso de rescate incluyó una fase de información y otra de decisión colegiada, aunque no detallaron los motivos del cambio de criterio de Aagesen. Este episodio recuerda otros momentos de tensión política en el Congreso, como la reciente moción debatida tras el veto a la candidatura de Pérez Llorca, donde la influencia de los partidos resultó determinante (más detalles aquí).
La Sepi, adscrita al Ministerio de Hacienda, gestiona el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para respaldar compañías consideradas clave para la economía española. El caso Tubos Reunidos ilustra la complejidad de estos procesos, donde los intereses económicos y políticos suelen entrelazarse. El PNV, por su peso en el Congreso, ha sido históricamente un actor relevante en la negociación de apoyos y rescates empresariales. La intervención de altos cargos y la rapidez con la que se desbloqueó la ayuda subrayan la importancia de las alianzas políticas en la toma de decisiones estratégicas para el sector industrial.
