La Puerta del Sol se llenó de rabia y protesta tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años del distrito de Retiro. Miles salieron a la calle. Los organizadores hablaron de 300.000 personas; la Delegación del Gobierno, de 25.000. Todos pedían al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a las autoridades madrileñas respuestas rápidas ante la emergencia de vivienda. El lema fue directo: “O cae el rentismo, o cae el Gobierno”.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas impulsó la protesta, que acabó en una acampada en pleno centro de Madrid. La mayoría eran jóvenes, pero había gente de todas las edades. Denunciaron la falta de acción política y la complicidad con los llamados “rentistas”. Las críticas apuntaron tanto al Gobierno central como a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. El caso de Maricarmen se volvió símbolo de un problema que, quince años después del 15-M, vuelve a poner la vivienda en el centro del debate público.
En el momento del desahucio, Maricarmen fue evacuada en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón, lo que acentuó la dimensión humanitaria del caso.
Las críticas se centraron en el PSOE. Su propia base social lo acusa de alejarse de las propuestas de vivienda y de institucionalizar la inacción. La presión interna subió cuando Sumar amenazó con no ir al próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el decreto para evitar más casos como el de Maricarmen. Podemos aprovechó la movilización para marcar distancia y denunciar que el Gobierno negocia con Junts medidas que ven insuficientes para frenar los desahucios y la especulación inmobiliaria.
Durante la marcha, los gritos iban dirigidos a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La acusan de ignorar las demandas ciudadanas y de estar del lado de los propietarios. “Ministra, rentista, estás en nuestra lista”, fue uno de los cánticos más repetidos. La protesta fue de la Puerta del Sol hasta cerca del Congreso. Las pancartas señalaban tanto a Urbagestión como a las instituciones públicas como responsables de la situación.
El conflicto que llevó al desahucio de Maricarmen se agravó por el aumento del alquiler de unos 500 a 2.650 euros mensuales, una cifra inasumible para una pensión media en España. El caso ha sido señalado por Reuters y otros medios internacionales como un nuevo punto álgido en la crisis de vivienda española.
El malestar creció tras la polémica compra de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. Esa compra ya había provocado una concentración previa de 15.000 personas frente al edificio. Ahora, la acampada en Sol marca un punto de no retorno para los colectivos que piden cambios reales en la política de vivienda. “O nos sacan a palos, o nos quedamos aquí”, avisaron algunos, decididos a seguir hasta lograr respuestas claras.
La fractura en la izquierda se vio en la propia manifestación. Sumar y Podemos usaron la crisis para pelear por el liderazgo en la agenda social y atraer a las bases socialistas descontentas. El Real Decreto Ley en negociación es ahora el campo de batalla entre las distintas sensibilidades del bloque progresista. Mientras tanto, los afectados por los desahucios piden soluciones inmediatas y sin rebajas.
El caso de Maricarmen ya había salido en informes anteriores, donde se remarcaba el hartazgo social ante la falta de alternativas de vivienda. La protesta de ahora muestra la magnitud del problema y pone al Gobierno ante una encrucijada política y social. La presión en la calle, la división interna en el Ejecutivo y la oposición de los colectivos de inquilinos obligan a los responsables públicos a dejar la pasividad y afrontar el conflicto de raíz. Si la respuesta vuelve a quedarse corta, el desgaste institucional será difícil de revertir en un contexto preelectoral donde la vivienda es ya el principal campo de batalla social y político en España.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, culpó públicamente al gobierno regional de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso de facilitar el avance de los fondos de inversión. También pidió a PP y Junts que apoyen una nueva moratoria antidesahucios para los arrendatarios vulnerables, según Europa Press.
