España enfrenta riesgo de bloqueo de activos por deudas en demandas «verdes». Acreedores que obtuvieron fallos contra España en litigios de energías renovables intensificaron sus intentos de cobro en Estados Unidos. Sus acciones podrían complicar las operaciones de la selección nacional en el Mundial.
España se enfrenta a la amenaza de nuevas restricciones en Estados Unidos: los acreedores que ganaron demandas contra el Estado por los recortes en el apoyo a las energías renovables han iniciado una fase activa de cobro de deudas en vísperas del inicio de la Copa Mundial de fútbol. Según El Confidencial, se trata de una suma que supera los 2.300 millones de euros, y las acciones legales afectan a ciudades clave donde permanecerá la selección nacional.
El fondo Blasket Renewable Investments y sus representantes de King & Spalding ampliaron la ejecución de las sentencias judiciales en varios distritos federales de Estados Unidos. Esto fue posible tras la decisión de la jueza Beryl A. Howell, del distrito de Columbia, quien autorizó el registro de las ejecuciones en todo el país. Los procedimientos ya se han puesto en marcha en Nueva York, California, Texas, Florida, Georgia y otros estados donde la selección de España podría disputar partidos y organizar sus actividades.
Los abogados de los acreedores cuentan con que la coincidencia con el Mundial incremente la presión sobre España: cualquier problema con los pagos, la reserva de hoteles, el transporte o la organización de eventos puede suponer un riesgo reputacional para el país. Tienen a su disposición herramientas para solicitar información a bancos, hoteles, aerolíneas y otros socios, lo que permite rastrear y, potencialmente, bloquear los flujos financieros vinculados a la estancia de la selección.
El gobierno de España destaca que cualquier incautación de activos requiere un procedimiento separado, en el que el Estado pueda defender sus intereses. El Ministerio para la Transición Ecológica considera que las acciones de Blasket son meramente formales y buscan principalmente generar ruido mediático. Las autoridades también señalan que la Federación de Fútbol es una organización privada y que sus actividades no deben verse afectadas por restricciones relacionadas con deudas estatales.
La campaña judicial de los acreedores se hizo posible después de que, según la justicia estadounidense, España no cumpliera voluntariamente con sus obligaciones de pago de deuda. Ahora las resoluciones de cobro se extienden a 10 estados, y la coincidencia con la Copa del Mundo hace que la situación sea especialmente delicada para la imagen del país. España ya ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos exigiendo que se reconozca la falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses en estos casos.
En general, según El Confidencial, España enfrenta actualmente 27 arbitrajes internacionales abiertos por disputas sobre cambios retroactivos en el apoyo a las energías renovables. El monto total de las reclamaciones supera los 2.300 millones de euros, de los cuales más de 550 millones corresponden a intereses y costas judiciales. Además de Estados Unidos, procedimientos similares están en marcha en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.
El problema de las deudas por demandas «verdes» se arrastra desde la década de 2010, cuando el gobierno de Mariano Rajoy eliminó las primas introducidas bajo José Luis Rodríguez Zapatero. El actual gabinete de Pedro Sánchez mantiene la estrategia de impugnar los pagos, temiendo crear un precedente para nuevas reclamaciones. Según destaca El Confidencial, las autoridades afirman haber logrado reducir el monto de las demandas en más del 80% respecto a los cálculos iniciales.
La situación con el bloqueo de activos, en el contexto de grandes acontecimientos internacionales, no es la primera vez que se convierte en un instrumento de presión sobre las autoridades españolas. Intentos similares de utilizar argumentos mediáticos para reforzar posiciones negociadoras ya se han visto en otros ámbitos, por ejemplo, cuando la visita del Papa fue empleada como argumento en debates sobre política migratoria, como se analiza en detalle en el reportaje de russpain.com.
Para referencia: España está entre los países de la UE con mayor número de arbitrajes internacionales en el sector energético. Las resoluciones de estos casos suelen ejecutarse en tribunales de terceros países, lo que genera riesgos para los activos estatales y vinculados al Estado en el extranjero. En los últimos años, la UE debate la reforma de los mecanismos de protección de inversiones para reducir la cantidad de estos litigios.
