Hacienda descubre a Villarejo una deuda tributaria de 1,6 millones de euros por esquemas con offshore. La Agencia Tributaria de España acusa al excomisario Villarejo de ocultar 3,5 millones de euros de ingresos a través de empresas offshore. Las autoridades sostienen que no declaró las ganancias obtenidas por un importante contrato de investigación privada.
La Agencia Tributaria española ha enviado a la Audiencia Nacional un nuevo informe en el que sostiene que el excomisario de policía José Manuel Villarejo eludió el pago de impuestos por más de 1,6 millones de euros en 2012. Según informa EL PAÍS, se trata de ingresos que Villarejo obtuvo por encargo de una investigación privada y que ocultó a través de una compleja red de empresas en Panamá, Uruguay y Reino Unido.
Esquema de ocultación de ingresos
En el informe, de casi 300 páginas, los inspectores fiscales describen cómo Villarejo utilizó estructuras en el extranjero para camuflar los fondos recibidos. En particular, en 2012, a través de empresas vinculadas y personas de confianza, logró obtener más de 3,5 millones de euros sin declararlos en España. Estos fondos procedían del proyecto King, encargo de clientes de Guinea Ecuatorial, cuyo objetivo era desacreditar a uno de los hijos del presidente de ese país.
Parte del dinero, casi 2 millones de euros, fue transferida a cuentas en Panamá, Uruguay y Reino Unido, abiertas a nombre de empresas extranjeras controladas por Villarejo. El resto, 1,65 millones de euros según el informe, se entregó en efectivo en siete fases. Hacienda señala que ni el propio Villarejo, ni su entorno, ni las empresas relacionadas con él reflejaron estos ingresos en las declaraciones fiscales.
Offshores e inmuebles
El documento resalta que para ocultar ingresos se utilizaron numerosas cuentas y empresas extranjeras, muchas veces registradas a nombre de testaferros. Posteriormente, los derechos sobre estas estructuras pasaban al propio Villarejo o a sus allegados. La Agencia Tributaria califica las acciones del excomisario como evasión fiscal intencionada, señalando la clara intención de ocultar el control sobre las empresas offshore.
El informe también menciona propiedades en el extranjero registradas a nombre de empresas vinculadas a Villarejo. Entre los inmuebles figuran el castillo Quinta de Juan Idiarte Borda en Montevideo (valorado en 700.000 euros), otra vivienda en la capital uruguaya (400.000 euros) y tres apartamentos en la República Dominicana (con un valor total de 1,85 millones de euros).
El caso Villarejo y los paralelismos con otras investigaciones
El Proyecto King fue el primer episodio que atrajo la atención de la Fiscalía Anticorrupción y dio inicio a una investigación a gran escala sobre la actividad de Villarejo. Desde 2017, ha estado implicado en varios casos, algunos de los cuales ya se han resuelto: de los nueve procesos del caso “Operación Tándem”, cinco terminaron en absolución, tres resultaron en condenas de prisión (en total 19,5 años) y otro permanece en curso. Actualmente, Villarejo está en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, relacionado con el espionaje ilegal al ex tesorero del Partido Popular.
Durante los procesos judiciales, Villarejo sostuvo que su red de empresas formaba parte de una cobertura operativa para labores policiales. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción rechaza esta versión. Esquemas similares de ocultación de capitales e intentos de politizar los procedimientos judiciales ya han sido objeto de atención por parte de las autoridades españolas, como ocurrió con la familia Pujol — más detalles al respecto en el material sobre las contradicciones entre la postura pública y las operaciones con capital.
Contexto y consecuencias
Un nuevo informe de la Agencia Tributaria fue remitido al tribunal en abril y actualmente está siendo revisado por la Fiscalía Anticorrupción. Si se confirman las conclusiones de los inspectores, Villarejo podría enfrentarse a nuevos cargos por fraude fiscal. Las autoridades continúan investigando otros episodios relacionados con su actividad, así como el rastreo de bienes en el extranjero registrados a nombre de estructuras offshore.