La tensión en la Puerta del Sol ha llegado a los tribunales. La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ha presentado un recurso contencioso-administrativo para que se desaloje de inmediato la acampada que ocupa el centro de la capital. El Gobierno regional pide medidas cautelarísimas y dice que la situación impide incluso el paso de ambulancias. Para Ayuso, esto ya es un problema de seguridad pública.
Ayuso ha criticado la falta de respuesta de la Delegación del Gobierno. Dice que, pese a los avisos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, la Delegación no ha cambiado su operativo en la plaza. La presidenta regional habla de "descontrol absoluto" en Sol. Según ella, ni los carritos de bebé ni los servicios de emergencia pueden circular con normalidad.
Antes de acudir a los tribunales, la Comunidad de Madrid otorgó un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para actuar sobre la acampada en Sol.
El recurso judicial, presentado este jueves, busca que el juez actúe ya, sin esperar a la tramitación ordinaria. La Comunidad sostiene que la acampada es una ocupación ilegal que nunca debió permitirse. Culpa a la pasividad del delegado del Gobierno de agravar el problema. La Delegación responde que actúa conforme a la ley y a las circunstancias, y no anuncia cambios en su estrategia.
El pulso institucional llega después de que venciera el ultimátum de 48 horas dado por el Gobierno regional. Ni el requerimiento de la Comunidad ni el del Ayuntamiento han hecho que la Delegación cambie de postura. Las fuentes oficiales insisten en que las actuaciones en Sol siguen dentro del marco jurídico vigente.
Según RTVE, la acampada en Sol comenzó como protesta tras el desahucio de Maricarmen y llevaba al menos seis días activa al cierre de septiembre, lo que intensificó la presión institucional.
Estos choques entre administraciones no son nuevos en Madrid. En otras ocasiones, como en la cesión de espacios públicos para usos sociales, la falta de acuerdo entre distintos niveles de gobierno ha provocado situaciones parecidas. Así lo muestra un análisis reciente.
La batalla legal que abre la Comunidad de Madrid pone el foco en cómo se gestiona el espacio público y en la respuesta ante ocupaciones no autorizadas. El hecho de que se invoque la urgencia por el acceso sanitario añade presión y obliga a la justicia a decidir rápido. La Delegación del Gobierno insiste en que respeta el ordenamiento jurídico. El conflicto no se resolverá sin que intervenga un juez. Este episodio muestra lo difícil que es coordinar respuestas rápidas entre administraciones cuando hay intereses y prioridades políticas distintas. Todo apunta a que la gestión de espacios como la Puerta del Sol seguirá siendo motivo de disputa institucional en Madrid.
La posición oficial de la Comunidad de Madrid sobre la "ocupación ilegal" y la urgencia del desalojo está confirmada en el comunicado institucional publicado este jueves.
