El Parlament de Catalunya aprueba una reforma exprés para modernizar la terminología sobre discapacidad en su legislación. La medida afecta a 25 normas y busca alinearse con los estándares internacionales.
El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la tramitación urgente de una reforma que modifica la terminología sobre discapacidad en la legislación autonómica. La iniciativa, respaldada por todos los grupos salvo Vox, que optó por la abstención, implica la revisión de 25 leyes catalanas para sustituir expresiones consideradas desfasadas o peyorativas por otras acordes con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El cambio más relevante es la eliminación de términos como “personas discapacitadas” o “personas disminuidas”, que serán reemplazados por “personas con discapacidad”. Además, la expresión “discapacidad psíquica” pasará a denominarse “discapacidad intelectual”, y “discapacidad mental” será sustituida por “discapacidad psicosocial”, siguiendo la evolución de la terminología internacional y las demandas del movimiento asociativo.
La reforma, impulsada por la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión y firmada conjuntamente por PSC, Junts, ERC, PP, Comuns y la CUP, busca armonizar el lenguaje en ámbitos como servicios sociales, igualdad de trato, accesibilidad, salud mental y el propio Código Civil de Cataluña. El objetivo es adaptar el marco jurídico catalán a un lenguaje más respetuoso, inclusivo y preciso, tal como recoge la exposición de motivos de la proposición de ley.
La propuesta incluye una disposición final que obliga a que todas las futuras normas de la Generalitat utilicen terminología respetuosa al referirse a las personas con discapacidad. Según el texto, parte de la legislación catalana aún mantiene expresiones que han adquirido un sentido peyorativo y que ya no se ajustan a los estándares internacionales, a pesar de que España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008.
Este movimiento legislativo sigue la línea del cambio realizado en 2025 en el Congreso de los Diputados, donde se modificó el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. La actualización en Cataluña afecta a leyes de diferentes sectores, desde la atención social hasta la salud mental, y pretende garantizar que el lenguaje legal refleje los principios de respeto y dignidad para todas las personas.
En España, la adaptación del lenguaje legal sobre discapacidad responde a una tendencia internacional que busca erradicar términos estigmatizantes y promover la inclusión. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por más de 180 países, establece la obligación de los Estados de garantizar un trato igualitario y respetuoso en todos los ámbitos, incluido el jurídico. En los últimos años, varias comunidades autónomas han iniciado procesos similares para actualizar su normativa. La reforma catalana refuerza este compromiso y marca un paso relevante en la modernización del lenguaje institucional en el país.
