La Generalitat mantiene los topes al alquiler en 118 municipios y suma 53 nuevas localidades. Lleida y Figueres quedan fuera tras mejorar sus indicadores. Más de 6 millones de personas viven bajo estas restricciones.
La Generalitat de Cataluña ha decidido prolongar durante un año más la regulación que limita los precios del alquiler en las denominadas “zonas de mercado residencial tensionado”. Esta medida, que afecta ya a 302 municipios y a más de 6,1 millones de habitantes, implica la aplicación de topes al alquiler y otorga a la Administración el derecho de compra preferente sobre viviendas en estas áreas.
En la última revisión, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha excluido a 22 municipios, entre ellos Lleida y Figueres, tras constatar una mejora en sus condiciones de acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, se han incorporado 53 nuevas localidades, como Tordera y Martorell, donde la situación se ha deteriorado en el último año. Así, la lista actualizada mantiene a 118 municipios de la primera tanda y suma los incluidos en la segunda, consolidando el alcance de la intervención.
Las zonas tensionadas se definen por el esfuerzo económico excesivo que deben realizar los hogares para acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad. Según la normativa estatal, para ser declarada como tal, una localidad debe cumplir criterios como que las familias destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda o que los precios hayan subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
El mecanismo de revisión anual es obligatorio según la ley de Vivienda, lo que permite ajustar la lista de municipios afectados en función de la evolución de los indicadores. En esta ocasión, la Generalitat ha retirado la declaración de zona tensionada a municipios que suman más de 630.000 habitantes y ha añadido otros con una población conjunta de más de 250.000 personas.
La consejera Sílvia Paneque ha defendido que la limitación de precios está logrando contener el aumento de los alquileres y evitar situaciones de exclusión residencial. Sin embargo, la medida no está exenta de controversia política. El Partido Popular, con el apoyo de Vox y Junts, ha impulsado en el Parlament la tramitación de una proposición para modificar la ley del Suelo, que incluye la supresión de las zonas tensionadas y otras restricciones al mercado del alquiler. El texto propone eliminar los controles de precios y los instrumentos de apoyo a la inquiocupación, en un intento de desmontar el marco regulatorio vigente desde 2023.
La prórroga de los topes al alquiler forma parte de un paquete más amplio de medidas adoptadas este mes de julio. Entre ellas, destaca la tramitación de una nueva ley para limitar las compras especulativas y un plan conjunto con los Comunes para facilitar la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas en los próximos cuatro años.
En el contexto español, Cataluña ha sido pionera en la aplicación de límites al alquiler, una política que ha generado debate en otras comunidades autónomas. El control de precios busca frenar la escalada de los alquileres en zonas urbanas y turísticas, donde la presión sobre la vivienda es especialmente intensa. Según datos oficiales, el precio medio del alquiler en Cataluña ha experimentado subidas superiores a la media nacional en la última década, lo que ha motivado la intervención de las autoridades autonómicas. La evolución de estas medidas será clave para el futuro del acceso a la vivienda en la región y podría influir en la regulación estatal.
