El Govern y Comuns pactan medidas urgentes para ampliar la vivienda protegida. Se podrán reconvertir hoteles, oficinas y locales en pisos asequibles. El objetivo es sumar hasta 20.000 viviendas en cuatro años.
El Gobierno catalán ha dado un paso inédito para responder a la crisis de vivienda en la comunidad. La Generalitat, en acuerdo con Comuns, impulsará un paquete de medidas que permitirá transformar hoteles, oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial (VPO) sin necesidad de modificar los planes urbanísticos. Esta iniciativa, que se tramitará por vía de urgencia en el Parlament, busca acelerar la construcción de hasta 20.000 pisos protegidos en los próximos cuatro años en los municipios con mayor presión inmobiliaria.
La propuesta, que aún requiere el respaldo de ERC, introduce cambios temporales y excepcionales en la normativa urbanística hasta 2030. Entre las claves del plan está la posibilidad de aumentar en un 20% la edificabilidad en suelos urbanizables, siempre que la totalidad de las nuevas viviendas se destinen a VPO. Además, se permitirá levantar pisos protegidos en terrenos originalmente reservados para usos terciarios, como hoteles, oficinas o aparcamientos, con la condición de que al menos la mitad del proyecto se dedique a vivienda y que cada piso tenga un mínimo de 50 metros cuadrados.
El acuerdo también contempla la reconversión de locales comerciales en plantas bajas en viviendas protegidas, siempre que cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad y superficie. En estos casos, los ayuntamientos deberán aprobar en pleno las zonas donde se permitirá el cambio de uso, para evitar la pérdida de comercio tradicional en los ejes principales de las ciudades.
Otra novedad es la posibilidad de realizar ampliaciones en edificios que ya han agotado su edificabilidad, siempre que puedan crecer en altura respecto a sus vecinos. También se facilitarán subdivisiones de viviendas, reconversiones de despachos y oficinas, y la construcción en parcelas que hasta ahora no cumplían los requisitos mínimos, siempre que se garantice la habitabilidad y el destino a VPO.
La Generalitat busca así implicar al sector privado en la creación de vivienda asequible, en un contexto de costes crecientes y acceso cada vez más difícil para los ciudadanos. El paquete de medidas pretende hacer más atractiva la promoción de VPO para los empresarios, permitiendo mayores volúmenes de construcción y nuevos usos en suelos infrautilizados.
La aplicación de estas medidas se centrará en los 271 municipios considerados de mercado tensionado, donde reside el 90% de la población catalana, y en otras 161 localidades con demanda acreditada de vivienda. El plan tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y será revisado cada dos años para evaluar su impacto y posibles ajustes.
En caso de que los ayuntamientos no se pronuncien, los promotores tendrán preconcedido el aumento de edificabilidad o el cambio de uso. Sin embargo, los consistorios podrán rechazar la aplicación de estas medidas si acreditan que ya disponen de suficiente vivienda asequible para garantizar el derecho al acceso a un hogar digno.
El uso de las nuevas viviendas quedará blindado para residencia habitual, familiar o alquiler dentro de los límites fijados por el Govern, excluyendo expresamente la posibilidad de destinarlas a apartamentos turísticos o alquileres de temporada.
La crisis de vivienda en Cataluña ha situado este problema como la principal preocupación ciudadana, según los últimos barómetros. Mientras se espera la aprobación de una ley para limitar las compras especulativas, la Generalitat ya ha puesto en marcha otras iniciativas, como la movilización de suelo público y créditos a la emancipación para menores de 40 años, con el objetivo de alcanzar las 50.000 viviendas públicas en 2030.
El debate sobre el uso del suelo y la transformación de espacios urbanos no es exclusivo de Cataluña. En otras regiones, como Tarragona, la gestión de emergencias urbanas y la adaptación de infraestructuras también han generado controversia, como ocurrió con la evacuación de urbanizaciones por incendios, un tema que fue abordado en la cobertura sobre los desalojos en Querol.
En el contexto español, la vivienda protegida representa una herramienta clave para garantizar el acceso a un hogar asequible en zonas de alta demanda. Según datos oficiales, el parque público de vivienda en España sigue siendo inferior al de otros países europeos, lo que explica la presión sobre las administraciones para buscar soluciones innovadoras. La medida catalana podría servir de referencia para otras comunidades autónomas que enfrentan retos similares en materia de vivienda y regeneración urbana.
