La empresa Céltica de Cobros y su empleado Alberto Pugilato acumulan denuncias y condenas por amenazas y agresiones a deudores. El caso destapa métodos violentos y vínculos con la ultraderecha en el sector del recobro.
La empresa Céltica de Cobros y su empleado Alberto Gonzalo de Juan, conocido como Alberto Pugilato, se encuentran en el centro de una investigación judicial tras una serie de denuncias por coacciones, amenazas y agresiones a deudores en Castilla y León. El caso ha cobrado notoriedad después de que un vídeo viral mostrara a un agricultor de Villamuñío (León) utilizando su tractor para destrozar el coche de Pugilato, tras una tensa discusión por una deuda de 1.000 euros. El incidente, que generó numerosos comentarios en redes sociales, ha puesto en evidencia los métodos empleados por la compañía y su personal.
Según informa EL PAÍS, varias de las condenas impuestas a Pugilato están relacionadas directamente con su labor en Céltica de Cobros. El empleado, con antecedentes por delitos de odio y conocido por su vinculación con grupos neonazis, ha sido señalado en sentencias por ejercer presión sobre deudores mediante amenazas, visitas intimidatorias y, en algunos casos, agresiones físicas. Entre los episodios documentados figuran desde insultos y hostigamiento a familiares hasta agresiones que han causado lesiones, como golpes en la cara o el uso de objetos contundentes.
La empresa, que llegó a tener como apoderado a Eduardo Núñez —ex candidato de Falange en Valladolid—, defiende que actúa dentro de la legalidad y que las denuncias son escasas o infundadas. Sin embargo, Izquierda Unida León ha presentado una denuncia por posible organización criminal, argumentando que Céltica de Cobros ampara delitos de extorsión y acoso, y que se aprovecha de vacíos legales para eludir responsabilidades penales como persona jurídica. El partido subraya que los métodos de la empresa sobrepasan los límites aceptables en un Estado de derecho y suponen un riesgo para la convivencia y los derechos fundamentales.
Las sentencias recopiladas por IU y fuentes judiciales detallan prácticas como estacionar vehículos rotulados frente a domicilios, realizar llamadas y visitas reiteradas, exhibir símbolos de la empresa para intimidar y perseguir a los deudores en espacios públicos. En algunos casos, las víctimas han denunciado daños materiales y secuelas físicas. Céltica de Cobros, por su parte, asegura gestionar unos 70.000 expedientes y sostiene que la ideología de sus empleados no representa a la empresa, aunque reconoce que Pugilato acumula varias denuncias en una década de actividad.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites legales y éticos en el sector del recobro de deudas en España. La Audiencia Provincial de Valladolid absolvió a la empresa en mayo de 2025 en un caso similar, tras una condena previa en primera instancia, lo que evidencia la complejidad jurídica de estos procedimientos. Además, la denuncia de IU advierte que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o desconocimiento de sus derechos, lo que podría ocultar la verdadera magnitud del problema.
En el contexto de la creciente atención a los métodos de recobro y la presencia de figuras vinculadas a la ultraderecha, el caso de Céltica de Cobros se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo la lupa la relación entre empresas privadas y prácticas de presión sobre ciudadanos. Este tipo de conflictos no es ajeno a la actualidad española, como se ha visto en otros procesos judiciales de alto perfil, por ejemplo en la gestión de ayudas públicas, donde la tensión entre legalidad y ética también ha sido objeto de debate, tal como se analizó en un reciente caso sobre Plus Ultra.
En España, la actividad de las empresas de recobro está regulada, pero la ausencia de un marco específico para sancionar a personas jurídicas por coacciones leves genera vacíos legales. El caso de Céltica de Cobros pone de manifiesto la necesidad de revisar la normativa y reforzar la protección de los deudores frente a prácticas abusivas. La situación también evidencia la dificultad de separar la vida privada y las ideas personales de los empleados de la responsabilidad empresarial, especialmente cuando existen antecedentes penales y vínculos con movimientos extremistas. El seguimiento judicial de este caso podría marcar un precedente en la regulación del sector y en la respuesta institucional ante conductas intimidatorias en el ámbito del recobro.
