En Mérida se celebró una protesta en apoyo al trabajador de SEPE sancionado por atender sin cita previa. Alrededor de cien personas se concentraron frente a la oficina del SEPE en Mérida para exigir el archivo del expediente contra un trabajador que atendió a ciudadanos sin cita previa. El caso ha generado debate y pone en entredicho el funcionamiento del sistema de atención.
En Mérida se desató un conflicto en torno a un empleado de la oficina local del SEPE: la apertura de un expediente disciplinario contra Juan Carlos Nieto, quien llevaba 37 años trabajando en el organismo, provocó una ola de apoyo entre los vecinos de la ciudad. Cerca de un centenar de personas se congregaron frente al edificio del servicio de empleo para manifestar su rechazo a la sanción impuesta al funcionario por atender a ciudadanos sin cita previa. La concentración fue convocada por el movimiento Campamento Dignidad y el sindicato Sindicato 25 de Marzo.
El propio Nieto subrayó en la concentración que no actuó por iniciativa propia, sino cumpliendo con sus funciones al ayudar a quienes no podían acceder a los servicios debido a los problemas con el sistema de citas. Según él, el proceso disciplinario ha supuesto una dura prueba para él y su familia. En el expediente figuran acusaciones de infracciones graves, que van desde atender sin cita hasta expedir certificados necesarios para solicitar ayudas sociales. El funcionario rechaza las acusaciones y sostiene que actuó dentro del marco legal, que permite utilizar documentos ya disponibles en otros organismos públicos.
Según Nieto, el problema está relacionado con la falta de personal y la sobrecarga del sistema: en pocos años, la plantilla de la oficina se ha reducido casi a la mitad y la implantación de un único distrito de atención solo ha agravado la situación. Ahora, para conseguir una cita, los ciudadanos tienen que esperar semanas, lo que resulta especialmente crítico para quienes necesitan tramitar ayudas o subsidios con urgencia. Durante su intervención, el funcionario señaló que incluso el día de la acción parte del personal permaneció inactivo por falta de visitantes con cita previa, aunque muchas personas necesitaban asistencia.
La cuestión de la conveniencia de exigir cita previa para acceder a los servicios públicos también se debate a nivel nacional: recientemente el Congreso aprobó una iniciativa para flexibilizar este requisito. Nieto opina que el sistema de cita previa debe facilitar el acceso y no convertirse en una barrera para los ciudadanos. Por su parte, el Ministerio de Trabajo declaró que la investigación no solo aborda la atención sin cita, sino también otros aspectos que no pueden desvelarse por secreto profesional. La decisión final la tomará la dirección central del SEPE.
La situación en Mérida recuerda a otros casos en los que la actuación de funcionarios despertó repercusión social y el respaldo de los sindicatos. Por ejemplo, en Valencia el sindicato SRP se pronunció en contra del uso de la fuerza contra una profesora durante una manifestación, lo que también fue tema de debate público; más detalles se pueden consultar en el reportaje sobre la reacción del sindicato al incidente con la profesora en Valencia.
Para referencia: el SEPE es el organismo clave en cuestiones de empleo y pago de prestaciones en España. En los últimos años, el sistema de cita previa se ha vuelto obligatorio para la mayoría de los trámites, lo que, según varias organizaciones, ha dificultado el acceso a los servicios para los colectivos más vulnerables. El debate sobre la reforma de esta práctica sigue vigente ante la reducción de personal y el aumento de la carga de trabajo en los servicios públicos.
