El cierre inesperado de cuatro clínicas de Lahsen Dental en Madrid y alrededores ha dejado a cientos de pacientes sin sus tratamientos y sin acceso a historiales médicos. La Policía Nacional investiga posibles delitos tras recibir decenas de denuncias.
Antonio, de 73 años, pagó 14.000 euros por una rehabilitación dental completa. Tras la extracción de todas sus piezas dentales, esperaba la colocación definitiva de implantes. Sin embargo, el cierre repentino de la clínica Lahsen Dental le obligó a alimentarse solo con purés y líquidos, sin recibir respuesta de la empresa ni recuperar su dinero.
Como él, decenas de pacientes han visto interrumpidos sus tratamientos tras el cierre de cuatro clínicas de Lahsen Dental en Madrid capital, Alcorcón y Torrejón de Ardoz. Muchos abonaron sumas superiores a 10.000 euros por adelantado, atraídos por campañas publicitarias y descuentos. Según la plataforma de afectados, el número de damnificados podría rondar los 200, aunque antiguos empleados estiman que la cartera de clientes supera el millar.
Tratamientos interrumpidos
El cierre dejó a numerosos pacientes con intervenciones a medias, prótesis provisionales y sin posibilidad de continuar el proceso. La falta de información sobre el tipo de implantes y materiales utilizados complica que otros odontólogos puedan retomar los casos con seguridad. Muchos afectados desconocen detalles esenciales de sus tratamientos, lo que agrava la situación y genera incertidumbre sobre su salud bucodental.
Proveedores y empleados, también afectados
La crisis no solo golpea a los pacientes. Laboratorios dentales y empresas de prótesis reclaman deudas que oscilan entre 20.000 y 75.000 euros. Algunos proveedores aseguran que los retrasos en los pagos comenzaron años antes del cierre. Además, varios trabajadores denuncian salarios pendientes y han iniciado trámites ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Las clínicas afectadas se ubicaban en la avenida de Las Retamas de Alcorcón, las calles Canarias y Ponferrada de Madrid, y en Torrejón de Ardoz, donde la última sede apenas llevaba dos meses abierta. Las primeras dejaron de atender el 8 de mayo, y poco después cesó la actividad en el resto.
Falta de historiales y temor a la pérdida de pruebas
Una de las principales preocupaciones de los afectados es el acceso a sus historiales médicos y prótesis ya fabricadas. La plataforma de pacientes solicita que se proteja el contenido de las clínicas para evitar la desaparición de documentación y materiales. Algunos damnificados acuden regularmente a los locales cerrados por miedo a que se retiren pruebas clave para futuras reclamaciones.
Investigación policial en marcha
La Policía Nacional ha comenzado a recibir denuncias y toma declaraciones para determinar si existen responsabilidades penales en el cierre de Lahsen Dental. La apertura de diligencias no implica, por ahora, que se haya probado delito alguno. La plataforma de afectados también ha comunicado posibles irregularidades económicas a la Agencia Tributaria y ha presentado denuncias en juzgados y comisarías.
En algunos escaparates de las clínicas aparecieron carteles anunciando un supuesto cambio de titularidad y personal bajo la marca Dentalike, prometiendo que los pacientes serían contactados para reanudar los tratamientos. Sin embargo, los afectados sospechan que podría tratarse de una maniobra para continuar la actividad bajo otra sociedad, aunque no hay confirmación oficial al respecto.
Los intentos de contactar con Karim Lahsen, responsable de la cadena, y con su hermano han resultado infructuosos. El Ayuntamiento de Alcorcón, por su parte, no ha confirmado la existencia de reclamaciones en su departamento de Consumo.
Contexto y consecuencias
El caso de Lahsen Dental pone de relieve la vulnerabilidad de los pacientes ante cierres inesperados de clínicas privadas y la importancia de contar con garantías legales y acceso a la documentación clínica. En los últimos años, el sector dental en España ha vivido episodios similares, lo que ha impulsado a asociaciones de consumidores a reclamar una mayor regulación y protección para los usuarios. La investigación en curso determinará si existen responsabilidades penales o civiles, mientras los afectados buscan alternativas para no perder definitivamente su inversión y su salud bucodental.
