En Barcelona tramitan 27 mil solicitudes de legalización de migrantes en un mes. En Barcelona, en el último mes se emitieron más de 54 mil certificados de empadronamiento para migrantes. Los servicios municipales registran un aumento del 40 % en las solicitudes. Las autoridades centralizan la emisión de documentos y amplían los horarios de atención.
En Barcelona, en las últimas semanas, se ha producido un fuerte aumento de solicitudes de migrantes que desean iniciar el proceso de regularización. Según las autoridades municipales, desde mediados de abril, cerca de 27.300 personas han pasado ya por los servicios municipales. En el mismo periodo se han emitido más de 54.500 certificados de empadronamiento, tanto de manera presencial como online. Este flujo masivo de solicitantes obligó al ayuntamiento a reorganizar de forma urgente los puntos de atención y centralizar la entrega de documentos.
Centralización y nuevas ubicaciones
Desde el 6 de mayo, todas las principales operaciones de gestión de turnos y entrega de certificados más solicitados se trasladaron al pabellón 2 del complejo Fira de Barcelona, en la avenida Rius i Taulet. Ahora es aquí donde los migrantes reciben los turnos para acudir a otras oficinas y pueden solicitar los dos documentos más requeridos: el certificado de empadronamiento y el certificado de vulnerabilidad. En el pabellón también trabajan abogados y administradores de la Cruz Roja, que asesoran y ayudan con la tramitación de documentos.
Las autoridades señalan que las antiguas oficinas de atención al ciudadano (OAC) retoman su funcionamiento habitual, y que todas las cuestiones de regularización ahora se resuelven únicamente en la Fira y en el centro de la calle Miquel Bleach. Para casos complejos, se mantiene la atención con cita previa en el SAIER, en la calle Tarragona.
Aumento de solicitudes y nuevas medidas
Según estimaciones del ayuntamiento, en Barcelona residen unas 93.000 personas que potencialmente pueden beneficiarse del proceso de regularización. Se trata de ciudadanos de países extracomunitarios registrados en la ciudad, pero que no figuran con NIE en la base de datos. En un mes, los servicios municipales han emitido 24.200 certificados de vulnerabilidad, de los cuales 12.600 se entregaron de forma presencial y otros 11.500 a distancia mediante SMS y correo electrónico. Además, parte de estos documentos también pueden ser tramitados por ONG acreditadas, por lo que la cifra real de solicitantes podría ser mayor.
Las autoridades registran un aumento del 40% en las solicitudes de certificados de empadronamiento y otros documentos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Solo en las últimas semanas se han tramitado 115.589 extractos del padrón municipal y 54.549 certificados de empadronamiento. Sin embargo, no todos estos documentos están directamente relacionados con el proceso de regularización, ya que también se utilizan para otros trámites administrativos.
Cambios en el horario y la disponibilidad
Para reducir las colas y facilitar el proceso a los migrantes con horarios complicados, la ciudad amplía el horario de atención. Ahora, la oficina Monumental abrirá los sábados de 8:00 a 20:00 y entre semana atenderá de 8:00 a 22:00. Se presta especial atención a las mujeres que trabajan en casas familiares y a quienes no pueden ausentarse del trabajo entre semana. Además, ahora también podrán recibir ayuda quienes residen de hecho en Barcelona aunque todavía no se hayan empadronado.
En las primeras semanas tras la puesta en marcha del nuevo procedimiento, cientos de personas pasaban la noche frente a las oficinas para obtener una cita. Tras trasladar todas las gestiones a Fira y ampliar el horario, según el ayuntamiento se logró eliminar las colas y agilizar la atención.
Contexto y comparación
La situación con la avalancha de solicitudes de documentos por parte de migrantes en Barcelona recuerda a otras reformas recientes en Cataluña, cuando las autoridades asumieron el control directo de prestaciones sociales y servicios. Por ejemplo, anteriormente las autoridades catalanas asumieron el control de los pagos para antiguos tutelados tras una investigación anticorrupción. Ambos casos muestran cómo los organismos locales responden a un aumento brusco de la demanda y a la necesidad de transparencia en la gestión con colectivos vulnerables.
