Compromís estudia acciones legales contra Vicent Mompó por su testimonio sobre la gestión de la dana de 2024. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad política y la transparencia en emergencias.
La coalición Compromís ha anunciado que estudia presentar una querella por falso testimonio contra Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València y líder provincial del PP, tras su última declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024. El portavoz en Les Corts, Joan Baldoví, y la portavoz en la Diputación, Dolors Gimeno, han señalado que la denuncia podría formalizarse en breve, aunque insisten en actuar con cautela para maximizar su impacto judicial y político.
La polémica se centra en las afirmaciones de Mompó sobre lo ocurrido en el Cecopi, el órgano encargado de coordinar la emergencia. Según la jueza Nuria Tobarra, existe una “abundantísima prueba” que contradice la versión de Mompó, quien aseguró que en el Cecopi solo se discutió el riesgo de la presa de Forata y no el del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las víctimas mortales. La magistrada ha citado de nuevo a Mompó para declarar como testigo el 30 de junio, después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, ambas del PP, aportaran pruebas de que alertaron sobre la gravedad de la situación y el desbordamiento del barranco del Poyo.
Compromís exige la dimisión inmediata de Mompó, acusándolo de mentir para proteger a su entorno político y de ocultar información relevante durante la gestión de la catástrofe. Gimeno ha presentado una moción en la Diputación para reclamar su salida, argumentando que el presidente provincial lleva “prácticamente dos años” evitando reconocer los hechos y escudándose en la falta de memoria tanto en sede judicial como en comisiones parlamentarias.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política en la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana. Mompó, que no era miembro natural del Cecopi, participó activamente en la coordinación y fue protagonista de titulares tras exigir el envío urgente del Es-Alert a la población, que finalmente se activó a las 20:11. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones y los testimonios de otros cargos públicos han puesto en entredicho su papel durante la crisis.
La situación recuerda a otros procesos judiciales recientes en los que la actuación de responsables políticos ha sido cuestionada, como ocurrió con el exministro del Interior en la llamada operación Kitchen, donde el uso de recursos públicos y la veracidad de los testimonios también estuvieron bajo escrutinio (más detalles sobre casos similares aquí).
La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en Valencia, de las cuales 198 fallecieron por el desbordamiento del barranco del Poyo. El episodio puso a prueba los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de las instituciones valencianas. La investigación judicial sigue abierta y podría tener consecuencias tanto en el ámbito penal como en el político, especialmente si prospera la querella de Compromís. El caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de crisis, un tema que sigue generando debate en la sociedad valenciana y en el conjunto de España.
