La Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. El caso afecta a la contratación pública en la Diputación de Badajoz.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una sentencia que marca un nuevo capítulo en la gestión pública de la provincia. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La resolución judicial lo considera responsable de un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017.
El tribunal ha impuesto la misma pena a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, al considerarlo autor de dos delitos de prevaricación administrativa. Según la sentencia, ambos participaron en supuestas irregularidades durante el proceso de incorporación de Sánchez Pérez-Castejón al organismo público. La decisión judicial, hecha pública este martes, pone el foco en la transparencia y el control de los procedimientos de selección en las instituciones provinciales.
La publicación íntegra de la sentencia está disponible para consulta pública, lo que permite conocer en detalle los argumentos del tribunal y las circunstancias que rodearon el caso. El documento puede descargarse en formato PDF a través del siguiente enlace: https://descargables.elpais.com/sentencia-condena-david-sanchez-miguel-angel-gallardo.pdf.
Este caso se suma a otros recientes en los que la justicia española ha examinado la actuación de responsables públicos en procesos de contratación y gestión administrativa. En el contexto de la creciente atención sobre la independencia judicial y la transparencia institucional, el debate sobre la politización de los tribunales ha cobrado fuerza. Así lo refleja, por ejemplo, la advertencia del magistrado Manuel Marchena sobre los riesgos de desconfianza ciudadana hacia la justicia, recogida en un análisis reciente sobre la acusación popular y la politización en los tribunales españoles.
La inhabilitación dictada por la Audiencia de Badajoz implica que tanto David Sánchez Pérez-Castejón como Miguel Ángel Gallardo no podrán ocupar cargos públicos ni presentarse como candidatos electorales durante el periodo fijado. La prevaricación administrativa, tipificada en el Código Penal español, sanciona la adopción de resoluciones injustas por parte de autoridades o funcionarios públicos. En los últimos años, la jurisprudencia ha reforzado el control sobre los procedimientos de contratación en las administraciones, especialmente tras varios casos mediáticos que han puesto en cuestión la imparcialidad y la legalidad de estos procesos. La sentencia de Badajoz se inscribe en esta tendencia y subraya la importancia de la vigilancia judicial sobre la gestión pública en España.
