Plataforma per la Llengua ha denunciado a Attico por despedir a una empleada que usaba el catalán en su trabajo. La Inspección de Trabajo y la Generalitat investigan posibles vulneraciones de derechos laborales y lingüísticos.
La empresa de espacios de coworking Attico, con sede en el barrio de Poblenou en Barcelona, se enfrenta a una denuncia presentada por Plataforma per la Llengua ante la Inspección de Trabajo. El motivo: el despido de una trabajadora que, según la documentación aportada, mantuvo el catalán como idioma principal en su actividad profesional, pese a las instrucciones de la dirección para que utilizara el castellano en el entorno laboral.
La carta de despido, fechada el 20 de febrero, detalla que la empleada desobedeció reiteradamente las órdenes de sus superiores, lo que habría generado incomodidad tanto entre compañeros internos como externos. Entre los episodios citados figura la negativa a cambiar de idioma en presencia de clientes o técnicos, así como respuestas en catalán a solicitudes expresas en castellano. La empresa también reprochó que la respuesta automática de su correo electrónico durante las vacaciones estuviera solo en inglés y catalán, omitiendo el castellano.
Plataforma per la Llengua considera que estos hechos pueden constituir una vulneración de derechos laborales y lingüísticos. Por ello, además de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, la entidad ha acudido a la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos de la Generalitat de Cataluña. Según la organización, Attico habría incumplido el artículo 36.4 de la Ley de Política Lingüística, que exige que la información fija dirigida a los trabajadores esté, al menos, en catalán.
Attico, fundada en 2016 por Juan Carlos Morales, Franz Pallerés y Gabriel Espín, ha crecido en el sector de los espacios compartidos, sumando 12 centros de coworking y más de 50.000 metros cuadrados en Barcelona, Madrid, Valencia y Lisboa. La compañía también ha diversificado su actividad con propuestas de coliving y una plataforma de emprendimiento, AtticoLab. Actualmente, cuenta con 350 empresas asociadas.
El caso se produce en un contexto de creciente atención a los derechos lingüísticos en Cataluña, donde el uso del catalán en el ámbito laboral sigue generando debate. La denuncia de Plataforma per la Llengua se suma a otras iniciativas recientes que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica sobre el uso de las lenguas oficiales. En el ámbito político, la gestión de la diversidad lingüística ha sido motivo de fricción, como se ha visto en otros episodios de tensión institucional, por ejemplo, en la reciente disputa interna del PSOE en Madrid y Valencia que también ha puesto de relieve la complejidad de las identidades regionales en España.
En Cataluña, la Ley de Política Lingüística establece que los trabajadores tienen derecho a utilizar el catalán y a recibir información en esta lengua. La Inspección de Trabajo y la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos pueden intervenir en casos donde se sospeche discriminación por motivos lingüísticos. El desenlace de la denuncia contra Attico podría sentar un precedente relevante para empresas que operan en entornos multilingües y para la protección de los derechos de los empleados en la comunidad autónoma.
