El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas que llevaba setenta años en el barrio de Retiro, ha destapado la fractura política sobre la vivienda en España. El intento fallido del Gobierno para frenar su expulsión acabó en reproches entre el PSOE, sus socios parlamentarios y la Comunidad de Madrid.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, llamó la jornada “muy dramática” y culpó a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de favorecer la especulación inmobiliaria por no regular el mercado. Rodríguez dijo que el Ejecutivo trató de negociar con la empresa propietaria para que primara el uso social de la vivienda, pero no hubo acuerdo. Según RTVE y El Mundo, este fue al menos el cuarto intento de desahucio contra Maricarmen. La expulsión se ejecutó la mañana del 23 de septiembre de 2026, después de una noche en la que cientos de personas se concentraron frente a su casa para intentar impedirlo.
El alquiler de Maricarmen pasó de unos 500 euros a más de 1.600 euros mensuales tras la llegada del nuevo propietario, una subida que hizo inviable su permanencia en la vivienda.
Mientras tanto, los socios parlamentarios del Gobierno dirigieron sus críticas al PSOE. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió aprobar de inmediato un decreto para prorrogar los alquileres y mantener la moratoria antidesahucios. Según él, esa medida habría evitado el desalojo de Maricarmen. Pero el Congreso no llegó a un acuerdo y la iniciativa quedó bloqueada. Maricarmen se quedó sin protección legal. El fondo del conflicto está en la subida del alquiler tras la compra del piso por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una sociedad ligada a fondos de inversión que varios medios españoles llaman "fondo buitre".
El fondo de inversión dueño del piso fue señalado por Urtasun como responsable de una “auténtica vergüenza”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, culpó a los partidos que rechazaron la moratoria. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, exigió al PSOE actuar ya ante la crisis de vivienda y aprobar medidas reales. Según El Mundo, el alquiler subió entre 1.650 y 2.650 euros mensuales en distintas fases de la negociación. Con esas cifras, Maricarmen no pudo seguir en su casa de siempre.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, fue más allá y cuestionó el derecho a la propiedad en estos casos. Pidió que todas las administraciones asuman su parte de responsabilidad. El portavoz socialista Patxi López defendió la actuación del Ministerio y culpó al PP y a las instituciones madrileñas de ignorar las soluciones del Gobierno central. Organizaciones sociales y vecinos denunciaron que, pese a la vulnerabilidad de Maricarmen —con movilidad reducida y sin alternativa habitacional adecuada ofrecida por la administración—, no se aplicaron medidas de protección específicas. Esto aumentó la presión social y mediática sobre el caso.
El caso de Maricarmen no es aislado: en los últimos años, los desahucios por impago de alquiler han aumentado en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde la presencia de fondos de inversión ha disparado los precios y la conflictividad social.
El caso ha tensado aún más la relación entre los partidos que sostienen al Ejecutivo. El portavoz de ERC advirtió que la vivienda puede convertirse en un problema capaz de desestabilizar al Gobierno. La falta de medidas concretas ya ha provocado fracturas internas, como se vio en el análisis previo sobre la crisis en Sevilla.
El desahucio de Maricarmen ha puesto cara a la crisis de vivienda y ha mostrado la incapacidad de las instituciones para proteger a los más vulnerables cuando los intereses de los fondos de inversión chocan con la realidad social. Sin una respuesta coordinada ni avances legislativos, miles de personas quedan en riesgo. El debate político se encona y las soluciones no llegan. La gestión de la vivienda en España está en un punto crítico. La presión social y política exige medidas inmediatas y reales, pero la división entre los actores clave amenaza con mantener la parálisis y agravar el problema.
