Una familia con cinco hijos ha sido desalojada en Moratalaz, Madrid, pese a la solicitud de la ONU de suspender la medida. Las alternativas ofrecidas por los servicios sociales fueron consideradas insuficientes.
El desalojo de Dulce y sus cinco hijos, tres de ellos menores y uno con síndrome de Down, se ejecutó este miércoles en Moratalaz, Madrid, a pesar de la intervención del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que había solicitado suspender la medida hasta encontrar una solución habitacional adecuada. La vivienda, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, fue ocupada por la familia hace cinco años sin contrato oficial, tras varios intentos fallidos de acceder a un alquiler social.
La operación judicial se llevó a cabo en el complejo de El Ruedo, junto a la M-30, donde asociaciones vecinales y entidades sociales intentaron durante horas frenar el desalojo. El primer intento, el 3 de julio, fue aplazado tras la presión vecinal, pero la familia recibió una nueva notificación la semana pasada, fijando la fecha definitiva para este miércoles.
Según fuentes municipales, los servicios sociales ofrecieron alternativas temporales, como una habitación en una vivienda compartida o un albergue, opciones que la familia rechazó por considerarlas inadecuadas para sus necesidades, especialmente por la situación del menor con discapacidad. El Samur Social también puso a disposición recursos de emergencia, pero la familia optó por no aceptarlos, argumentando que no garantizaban estabilidad ni condiciones dignas.
Durante el desalojo estuvo presente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió la actuación coordinada entre la Comunidad y el Ayuntamiento, subrayando que se trataba de una resolución judicial de obligado cumplimiento. Además, criticó la presencia de la ministra, calificando su intervención de poco útil.
La protesta social se hizo visible desde primera hora, con el lema “Dulce se queda” y la participación de organizaciones que ya habían logrado paralizar el primer intento de desahucio. La concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, denunció la falta de respuesta efectiva de los servicios sociales y acusó a la Agencia de Vivienda Social de ser el principal casero desahuciador de la región.
El caso de Dulce se suma a otros conflictos recientes en torno a la vivienda social en Madrid, donde la presión sobre las familias vulnerables ha generado protestas y debates sobre la gestión pública. En este contexto, la situación recuerda a otros episodios en los que la intervención de servicios sociales ha sido clave, como ocurrió en Tàrrega, donde una denuncia de agresión sexual entre menores llevó a la actuación de las autoridades, según se relata en un caso reciente en Cataluña.
En España, el acceso a la vivienda social sigue siendo un reto para muchas familias, especialmente en grandes ciudades como Madrid. Las alternativas temporales ofrecidas por los servicios sociales suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades de núcleos familiares numerosos o con miembros con discapacidad. La intervención de organismos internacionales, como la ONU, pone de relieve la gravedad de la situación, aunque en la práctica sus recomendaciones no siempre logran frenar los desalojos. El debate sobre la gestión de la vivienda pública y la protección de los menores en situaciones de vulnerabilidad continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en el país.
