La mañana en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, dejó una imagen dura: agentes antidisturbios entraron en el portal para sacar a Maricarmen, una vecina de 87 años con discapacidad. Decenas de activistas intentaron bloquear la entrada y gritaron en su defensa. Hubo forcejeos, gritos y la Policía usó material antidisturbios para sacar a quienes se resistían en la puerta.
Maricarmen, enferma y con una discapacidad reconocida del 50%, tuvo que recoger sus cosas a toda prisa. Ni la prensa ni la intervención del Samur social frenaron el desalojo. La propiedad, gestionada por Urbagestión desde 2018, rechazó todas las propuestas para aplazar la expulsión. Tampoco permitió que la anciana tuviera unas horas más para recoger sus pertenencias. Según la abogada de Maricarmen, sus cosas serán enviadas después a la dirección que se indique.
El contrato de alquiler original fue firmado en 1956 por el padre de Maricarmen y se mantuvo bajo el régimen de renta antigua durante más de 70 años.
No es la primera vez que intentan echar a Maricarmen. Es el cuarto intento de desahucio en la vivienda donde ha vivido más de setenta años, bajo un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956 y subrogado después. El conflicto se agravó cuando la propiedad quiso subir el alquiler un 275%. Eso llevó a un largo proceso judicial. Al principio, los tribunales dieron la razón a la inquilina, pero el Tribunal Supremo falló al final a favor del inversor.
Durante la mañana, el Sindicato de Inquilinas denunció que la Policía usó gas para desalojar a los activistas. También recordó que Naciones Unidas pidió al Estado español que evitara el desahucio y garantizara una solución habitacional adecuada. Las administraciones no han dado alternativas viables. La única opción ofrecida fue una residencia privada que cuesta más de 1.200 euros al mes, imposible de pagar con la pensión de Maricarmen.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pidió al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervinieran y apoyó la petición de Naciones Unidas para suspender el desalojo. Criticó la falta de respuesta municipal ante la situación de vulnerabilidad de Maricarmen y la ausencia de una alternativa habitacional o complemento de renta por parte de la Comunidad. El Ayuntamiento, por su parte, dice que los servicios sociales han emitido el informe de vulnerabilidad y que Maricarmen recibe varias prestaciones, aunque ella ha rechazado las plazas de alojamiento ofrecidas.
El propietario/inversor exigía un aumento del alquiler hasta 2.650 euros mensuales, mientras que la renta actual era de unos 500 euros, lo que hacía imposible para Maricarmen asumir el nuevo importe.
La protesta reunió a centenares de personas. Se escucharon gritos de "Maricarmen se queda" y "Vergüenza me daría desahuciar a Maricarmen" mientras la Policía sacaba a los manifestantes uno a uno. El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Madrid. La presión sobre los inquilinos de renta antigua crece y las soluciones públicas no llegan.
El problema del acceso a la vivienda y los desahucios en España viene de lejos. Como se ha reportado antes, la falta de acuerdo político y la lentitud de las administraciones han empeorado situaciones de vulnerabilidad. El caso de Maricarmen muestra la distancia entre los compromisos internacionales y la realidad de quienes, tras toda una vida en su casa, acaban expulsados sin alternativa digna. La falta de vivienda pública y la descoordinación entre administraciones hacen que cada desahucio muestre las carencias del sistema. Mientras las autoridades se reparten la responsabilidad, la realidad es que una anciana de 87 años ha perdido su casa tras siete décadas, sin que ninguna institución lo haya evitado.
La cobertura detallada de la ejecución del desahucio y la reacción social puede leerse en El País.
