La Policía Nacional desalojó este miércoles 23 de septiembre de 2026 a Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad reconocida, de su piso en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito Retiro de Madrid. Los agentes retiraron primero a los manifestantes que trataban de impedir el desalojo. Era el cuarto intento. Los tres anteriores se aplazaron por la vulnerabilidad de la inquilina y la presión de colectivos vecinales y plataformas antidesahucios.
Todo empezó cuando la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL compró el edificio en 2018. Subió el alquiler de 500 a 2.650 euros al mes, un aumento del 275%. Mari Carmen se negó a pagar esa cantidad. El caso acabó en los tribunales y terminó con la intervención de la policía. Los colectivos sociales y sindicales resistieron, pero no lograron frenar el desalojo. Denunciaron el uso de una "fuerza policial desproporcionada".
Mari Carmen Abascal llevaba cerca de 71 años residiendo en la misma vivienda bajo el régimen de renta antigua.
El Sindicato de Inquilinas intentó negociar una prórroga de varias semanas, según informa El País. La propiedad no aceptó ningún aplazamiento. Incluso rechazó la oferta de una escritora que se ofreció a pagar el alquiler. Urbagestión no quiso negociar. La abogada y exdiputada de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, criticó la falta de diálogo del fondo y la actuación policial. Dijo que había alternativas para evitar el desalojo.
Durante la intervención, la eurodiputada de Podemos Irene Montero fue advertida por los agentes por "soliviantar a las masas" tras pedir la presencia del mando policial. Los policías le recordaron que debía seguir las mismas indicaciones que el resto, aunque se identificó como eurodiputada. También estuvieron presentes figuras políticas como Montero e Ione Belarra. Medios como El País y El Mundo cubrieron el caso, que se convirtió en un asunto público y político.
Después del desalojo, Mari Carmen Abascal mostró su tristeza por dejar la casa donde vivió durante décadas. Agradeció el apoyo de vecinos y colectivos. Ahora se enfrenta a un futuro incierto, sin solución habitacional inmediata y con la única certeza de haber perdido su vivienda.
El Tribunal Supremo respaldó la posición de la empresa propietaria, lo que permitió que el proceso llegara a la fase final de ejecución forzosa. El caso ha sido seguido de cerca por plataformas vecinales y medios nacionales, reflejando la preocupación social por la protección de inquilinos vulnerables.
El caso de Mari Carmen Abascal muestra la tensión entre fondos de inversión y personas vulnerables en el mercado de alquiler de Madrid. La subida de precios y la falta de alternativas para mayores llevan a situaciones límite, donde la policía acaba interviniendo. Urbagestión no aceptó negociar, ni siquiera ante ofertas externas para pagar la renta. La presión social y política no bastó para evitar el desalojo. Esto deja claro que los mecanismos de protección para inquilinos vulnerables necesitan una revisión. En un momento en que acceder a la vivienda es cada vez más difícil para los más frágiles, este caso enseña los límites de la respuesta institucional y la urgencia de buscar soluciones más efectivas.
Según El País, decenas de personas pasaron la noche frente al portal para intentar frenar el desahucio. La movilización contó con el apoyo de plataformas como el Sindicato de Inquilinas y la presencia de representantes políticos.
