El derecho de tanteo y retracto permitió al Govern adquirir 8.859 viviendas en diez años. Esta vía ya representa una cuarta parte del parque público catalán. El precio medio pagado es muy inferior al coste de construcción.
El derecho de tanteo y retracto se ha consolidado como una de las principales herramientas del Govern para ampliar el parque de vivienda pública en Cataluña. Según un informe de la consultora KSNET, basado en datos de la Agencia Catalana de la Vivienda (ACH), una de cada cuatro viviendas protegidas gestionadas por la administración catalana fue adquirida mediante este mecanismo preferente de compra entre 2015 y 2025.
Durante la última década, la Generalitat, junto a ayuntamientos y entidades del tercer sector, ha comprado 8.859 pisos a través de tanteo y retracto. Este procedimiento permite a la administración igualar la oferta de mercado y quedarse con la vivienda antes de que pase a manos privadas. El precio medio abonado por cada piso fue de 65.000 euros, menos de la mitad del coste estimado para construir una vivienda protegida, que ronda los 150.000 euros.
El informe, elaborado en colaboración con el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, destaca que el uso de este derecho se ha intensificado especialmente desde 2018, tras dos años de escasa actividad. En 2025 se alcanzó el máximo anual, con 1.304 viviendas adquiridas. Inicialmente, la medida se aplicaba sobre todo a inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, pero con el tiempo se amplió a otros supuestos, permitiendo a la Generalitat responder a la caída de la construcción de obra nueva protegida, que en los últimos años apenas superó las 700 entregas anuales, lejos de las cifras de la burbuja inmobiliaria.
En total, entre 2015 y 2025 se entregaron 16.388 viviendas protegidas de obra nueva en Cataluña, mientras que el tanteo y retracto permitió sumar 8.859 pisos adicionales al parque público. La administración recibió casi 250.000 notificaciones de viviendas en venta, mostró interés por unas 30.000 y finalmente inspeccionó y adquirió el 3,6% de ellas. El decreto ley 1/2015 regula este procedimiento, aunque el informe no incluye las compras realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona bajo el Plan General Metropolitano para edificios completos.
El reparto geográfico muestra que el 60% de los pisos adquiridos se localizan en la provincia de Barcelona, con la capital y Terrassa como principales focos. Salt ocupa el tercer lugar, con 184 viviendas, debido a una política municipal orientada a recuperar inmuebles tras la entrada masiva de fondos de inversión y bancos. Por su parte, fundaciones y ONG han centrado sus compras en las Tierras del Ebro, especialmente en Deltebre y Amposta. El piso tipo adquirido tiene una media de 65 metros cuadrados y dos habitaciones.
El impacto de esta política se percibe en la rapidez y el menor coste con que la Generalitat puede aumentar el parque público, aunque la dispersión de los inmuebles adquiridos plantea retos de gestión. Los ayuntamientos y el tercer sector participan en el 15% de las operaciones cada uno, mientras que la administración autonómica lidera el proceso. En el contexto de la política de vivienda catalana, el tanteo y retracto se ha convertido en una vía clave para responder a la escasez de obra nueva y a la presión del mercado.
En el panorama político catalán, la gestión de la vivienda pública y las fórmulas para su ampliación han generado debate, especialmente en un contexto de tensiones internas en los partidos, como se ha visto recientemente con la activación de primarias en el PSOE y las fricciones surgidas en Madrid y Valencia, según se recoge en este análisis sobre la situación interna del partido.
Como contexto, el derecho de tanteo y retracto es una figura legal que permite a las administraciones públicas intervenir en el mercado inmobiliario para evitar la concentración de vivienda en manos de fondos o grandes inversores. En Cataluña, su uso se ha intensificado ante la dificultad de promover obra nueva y la necesidad de ofrecer alternativas de acceso a la vivienda. La experiencia catalana puede servir de referencia para otras comunidades autónomas que buscan fórmulas para ampliar su parque público sin depender exclusivamente de la construcción.
