El caso de Maricarmen Abascal dejó una marca difícil de borrar entre quienes siguieron su historia. Tenía 87 años y fue obligada a dejar el piso donde había pasado toda su vida adulta. Murió en el Hospital Gregorio Marañón solo catorce días después de aquel desahucio que la sacó en camilla de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. El Sindicato de Inquilinas de Madrid confirmó su fallecimiento y RTVE recogió la noticia, poniendo el foco en el impacto social del caso.
La pérdida de Maricarmen no fue solo la de un hogar. Llegó a ese piso en 1956 con sus padres y su hermano. Allí vio morir primero a su padre en 1960 y después a su madre en 2005. Durante décadas mantuvo el alquiler de renta antigua y pagó siempre sus facturas. Vivía con una pensión de unos 1.400 euros y destinaba cerca de 500 euros al mes a la vivienda. Todo cambió en 2018, cuando la empresa Urbagestión se hizo con la propiedad y le exigió una subida fuerte del alquiler. Empezó entonces un proceso judicial largo, con varios intentos de desahucio y recursos en distintas instancias.
El desahucio de Maricarmen movilizó a cientos de personas y requirió la intervención de la Policía Nacional el 23 de septiembre, cuando fue evacuada en camilla y hospitalizada.
En medio de la incertidumbre, su primo Vicente y la esposa de este se convirtieron en su único refugio. Vivían fuera de Madrid, en un apartamento de solo 58 metros cuadrados. La situación era complicada: Maricarmen dependía de una silla de ruedas y necesitaba ayuda diaria. Aun así, Vicente y su mujer le ofrecieron su casa y hasta pensaron en dormir en el sofá para que ella pudiera usar la cama. La logística era casi imposible, pero no dudaron en acompañarla hasta el final.
Vicente fue la voz de la familia en los días más duros. Estuvo en el desalojo, en el hospital y ante los medios. Explicó el deterioro físico y emocional que el proceso había causado en su prima. "El proceso ha sido duro también desde el punto de vista físico", contó, y dejó claro que no había alternativas reales para una mujer que, tras perder a sus padres y a su hermano, solo contaba con ellos como apoyo cercano.
El día del desahucio, Vicente insistió en que Maricarmen saliera acompañada por sanitarios. Defendió su dignidad frente a una orden judicial que no admitía matices. "No es una delincuente", reclamó, mientras decenas de personas se concentraban en la calle para intentar frenar el lanzamiento. Para Maricarmen, esa multitud anónima fue como una familia más. "Siento una gran alegría y un gran respeto por toda esa gente que está luchando por mí en la calle porque es mi familia", reconoció entonces.
Tras el desahucio, el 28 de septiembre se alcanzó un acuerdo entre los representantes de Maricarmen y Urbagestión, mediado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, para un nuevo contrato de ocho años con un alquiler que no superaría el 30% de sus ingresos. Sin embargo, la vuelta a casa dependía de su alta hospitalaria, que nunca llegó a producirse.
El Sindicato de Inquilinas confirmó la noticia de su muerte y recordó la larga batalla de Maricarmen por conservar su hogar. El caso ha calado en la opinión pública y ha traído a la memoria otras despedidas marcadas por la ausencia y la lucha, como reportado anteriormente en situaciones de pérdida y apoyo familiar.
Los últimos días de Maricarmen transcurrieron lejos de la casa donde construyó su vida. Vicente y su esposa, pese a las limitaciones, estuvieron a su lado hasta el final. No pudieron ofrecerle una alternativa mejor, pero no la dejaron sola. La historia de Maricarmen Abascal no es solo la de una anciana desahuciada. Es la de una familia que, con recursos escasos, se negó a abandonarla. El desenlace muestra la fragilidad de quienes, tras toda una vida en el mismo lugar, pueden perderlo todo en cuestión de días. La solidaridad de su entorno y el apoyo de su primo no cambiaron el final, pero sí marcaron la diferencia en sus últimos momentos. A veces, la dignidad se defiende en los gestos más sencillos y en la compañía que no falla.
El caso de Maricarmen se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda en España. Ha generado protestas y un campamento en la Puerta del Sol, y ha reabierto el debate sobre la protección de los inquilinos, según información de RTVE y otros medios nacionales.
