El colegio Pablo Picasso de Alcalá de Henares supera el triple de su capacidad inicial. Familias reclaman más personal y mejoras urgentes en infraestructuras. La administración asegura que el centro cumple con los requisitos.
El colegio de educación especial Pablo Picasso, en Alcalá de Henares, enfrenta una situación crítica tras años de sobreocupación y falta de recursos. Concebido en 1982 para 80 alumnos, hoy acoge a casi 270 estudiantes con necesidades complejas, muchos de ellos con movilidad reducida. La saturación ha obligado a transformar espacios comunes en aulas y a depender de un único ascensor para 40 niños en silla de ruedas, lo que genera constantes problemas de accesibilidad.
Las familias, agrupadas en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), llevan casi una década exigiendo la instalación de un nuevo ascensor. Una obra reciente, que debía resolver el problema, fracasó cuando se descubrió que la cabina no cabía en el hueco construido. Además, otro elevador permanece inutilizado por cuestiones administrativas, lo que agrava la frustración de los afectados.
La falta de personal es otro de los puntos más sensibles. Aunque la ratio oficial de un profesor por cada ocho alumnos se cumple, los padres consideran insuficiente este reparto para atender adecuadamente a estudiantes con discapacidades severas. Reclaman la presencia de un pedagogo terapeuta y un técnico de integración social por aula, así como más enfermeros. Actualmente, solo cuatro profesionales cubren las necesidades sanitarias de todo el centro, y uno de ellos está dedicado exclusivamente a un alumno con traqueotomía.
La situación afecta directamente a las familias. Algunos padres, como Begoña Gómez, han tenido que dejar sus trabajos para cuidar a sus hijos ante la falta de apoyos. Otros, como Conchi Yebra, insisten en la necesidad de reducir las ratios para mejorar la atención y evitar incidentes en clase. La carencia de infraestructuras adaptadas también se refleja en el patio, donde hasta hace poco no había columpios accesibles para sillas de ruedas. Una recaudación impulsada por las familias permitió instalar uno, pero consideran que el entorno sigue siendo insuficiente.
El profesorado también denuncia el deterioro de las instalaciones y la pérdida de espacios para actividades complementarias. Según Carmen Hervás, docente con dos décadas de experiencia en el centro, la cocina, despensa y almacén resultan insuficientes para el volumen actual de alumnos. Además, el aumento de diagnósticos de trastornos del espectro autista y enfermedades raras ha complicado la dinámica diaria y la atención personalizada.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, propietario del edificio, se asegura que el colegio cumple con la normativa vigente en cuanto a personal y unidades, y que se han invertido 190.000 euros en mejoras desde 2023. El Consistorio prevé nuevas actuaciones en los próximos meses. Por su parte, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sostiene que el Pablo Picasso dispone de los recursos necesarios y que trabaja en coordinación con los equipos directivos para cubrir las necesidades de los centros públicos de educación especial.
En España, los colegios de educación especial dependen de la administración autonómica, que establece ratios y recursos mínimos. Sin embargo, la demanda creciente y la complejidad de los casos han puesto en evidencia las limitaciones del sistema. La situación del Pablo Picasso ilustra los retos a los que se enfrentan muchas familias y profesionales en la atención a la diversidad funcional, especialmente en grandes municipios donde la presión asistencial es mayor.
