La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la ley que facilita la nacionalidad española a saharauis nacidos antes de 1977. El cambio de postura del PP fue clave. El texto mantiene referencias al “pueblo saharaui” pese a la oposición del PSOE.
La Comisión de Justicia del Congreso ha dado un paso decisivo al aprobar la proposición de ley que permitirá a los saharauis nacidos en el antiguo Sahara español, así como a sus descendientes, acceder a la nacionalidad española. La votación, celebrada en sesión extraordinaria, se saldó con 19 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones, resultado que superó las previsiones iniciales y despeja el camino para la futura ley.
El giro del Partido Popular resultó determinante. Tras haber apoyado la toma en consideración de la iniciativa en febrero de 2025 y votado en contra del dictamen de la ponencia en junio, el PP optó finalmente por la abstención. Esta decisión permitió que la propuesta avanzara con una mayoría amplia, dejando a Vox como único grupo que se opuso frontalmente, mientras que Sumar, ERC, Bildu, PNV y el propio PSOE respaldaron el texto.
La ley reconoce el derecho a la nacionalidad española por carta de naturaleza a quienes nacieron en el Sahara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, fecha en la que expiró el plazo para que los saharauis optaran por la nacionalidad tras la retirada española. También podrán beneficiarse los descendientes en primer grado, que dispondrán de cinco años para solicitarla una vez que sus progenitores estén inscritos en el registro civil español.
El texto establece que no será necesario residir legalmente en España para acceder a este derecho. Bastará con acreditar la condición de saharaui mediante documentos como un antiguo DNI español, inscripción en el censo de la ONU para el referéndum del Sahara Occidental, certificados de nacimiento legalizados o cualquier otro documento expedido por la administración española que demuestre el nacimiento en la excolonia antes de la fecha límite.
La tramitación de la ley no estuvo exenta de tensiones. El PSOE, siguiendo indicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, intentó a última hora modificar el preámbulo para sustituir las referencias al “pueblo saharaui” por términos menos sensibles para Marruecos. Sin embargo, estas enmiendas fueron rechazadas por la mayoría de los grupos, que mantuvieron la redacción original. En cambio, sí prosperaron ajustes técnicos, como el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley de dos a cuatro meses tras su publicación en el BOE.
Una vez en vigor, los beneficiarios tendrán tres años, ampliables a cuatro, para presentar la solicitud ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que deberá responder en un plazo máximo de doce meses. El proceso podrá realizarse también de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Según estimaciones de los impulsores de la ley, la medida podría beneficiar a entre 100.000 y 200.000 personas, incluyendo a quienes residen en los campamentos de Tinduf (Argelia), en el Sahara ocupado por Marruecos y en otros países. Además, la ley equipara a los saharauis con ciudadanos iberoamericanos, filipinos, guineanos, sefardíes y portugueses, permitiéndoles solicitar la nacionalidad por residencia tras solo dos años de estancia legal en España, en lugar de los diez habituales.
El texto aún debe ser aprobado por el pleno del Congreso en septiembre y posteriormente pasar por el Senado. La aprobación definitiva supondrá un cambio relevante en la política de nacionalidad española, con impacto directo en miles de saharauis y sus familias, y mantiene la tensión diplomática con Marruecos como telón de fondo.
El Sahara Occidental fue provincia española hasta 1975. Tras la retirada de España y la ocupación por Marruecos y Mauritania, muchos saharauis quedaron sin posibilidad real de optar a la nacionalidad española, pese a que la ley lo permitía formalmente. La nueva norma busca reparar esa situación histórica. El conflicto del Sahara Occidental sigue sin resolverse y la cuestión de la nacionalidad es uno de los puntos sensibles en las relaciones entre España y Marruecos. La población saharaui, repartida entre el territorio ocupado, los campamentos de refugiados y la diáspora, ha mantenido durante décadas la reivindicación de sus derechos civiles y políticos.
