Manuel Llamas y Mercedes González, máximos responsables de la Guardia Civil, deberán declarar ante el juez por presunta prevaricación y obstrucción. El caso implica presiones internas y cuestiona la estabilidad en la cúpula del cuerpo.
La cúpula de la Guardia Civil afronta una crisis inédita tras confirmarse que tanto el Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, como la directora general, Mercedes González, están citados a declarar como investigados por prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán comparecer ante el juez Pedraz el próximo 16 de julio, en un procedimiento que pone en entredicho la gestión interna y la independencia del cuerpo.
Según la investigación, Llamas, teniente general con una larga trayectoria en la Guardia Civil, habría intentado frenar las pesquisas de la UCO sobre casos que afectan al Gobierno y a la familia del presidente. La Fiscalía Anticorrupción y el juez interpretan que la apertura de tres informaciones reservadas contra el jefe de la UCO, Rafael Yuste, buscaba intimidar y condicionar el avance de las investigaciones.
El caso ha generado un fuerte debate interno. Mandos de la Guardia Civil han recomendado a Llamas que dimita antes de su declaración, reflejando el malestar en la escala de mando y entre las asociaciones profesionales. La presión se intensifica tras los testimonios de dos generales que han sido clave para que el juez siga la línea de la Fiscalía. El debate sobre el honor y la lealtad institucional se ha reavivado, con voces que insisten en que el interés del cuerpo debe prevalecer sobre cualquier consigna política.
La situación de Mercedes González, periodista de formación y figura cercana al núcleo de Pedro Sánchez, es distinta pero igualmente delicada. González, que ha ocupado cargos de relevancia en el PSOE de Madrid y en la Delegación del Gobierno, fue designada directora general de la Guardia Civil en dos ocasiones, la última en septiembre de 2024. Según la investigación, recurrió a colaboradores para obtener información que desacreditara a la UCO, especialmente en lo relativo a las pesquisas sobre el entorno del presidente.
El contexto político añade presión. En 2024, las investigaciones sobre supuestos casos de corrupción que afectaban al partido y a la familia del presidente llevaron a Pedro Sánchez a una breve retirada para reflexionar. La UCO estaba al frente de esas investigaciones, lo que, según la instrucción, habría motivado el nombramiento de González para controlar la respuesta del cuerpo. La colaboración entre González y Llamas habría tenido como objetivo proteger los intereses del Ejecutivo, aunque ambos ahora se enfrentan a graves acusaciones judiciales.
Mientras tanto, la directora general ha instado a Llamas a mantenerse en el cargo y resistir las presiones para dimitir. La consigna transmitida desde Moncloa es clara: no ceder ante la presión judicial ni política, en un intento de evitar un efecto dominó que podría alcanzar a otros altos cargos. Esta estrategia recuerda a otros casos recientes en los que la resistencia institucional ha sido clave, como ocurrió en la llamada operación Kitchen, donde la implicación de altos mandos y el uso de recursos públicos para frenar investigaciones generaron un intenso debate sobre los límites de la lealtad y la legalidad. Un análisis detallado de esa situación puede encontrarse en este artículo sobre la operación Kitchen y el papel de la Abogacía del Estado.
En este contexto, la Guardia Civil se enfrenta a una de sus mayores pruebas de credibilidad y cohesión interna. El desenlace de las declaraciones ante el juez Pedraz será determinante para el futuro inmediato de la institución y para la percepción pública sobre la independencia de las fuerzas de seguridad en España. La evolución del caso es seguida de cerca tanto en el ámbito político como en el judicial, ante el riesgo de que la crisis se extienda a otros niveles del Gobierno.
La Guardia Civil, fundada en 1844, es uno de los cuerpos de seguridad más antiguos de España y cuenta con competencias en todo el territorio nacional. La UCO (Unidad Central Operativa) es su unidad de élite en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El cargo de Director Adjunto Operativo es uno de los más altos dentro del cuerpo, responsable de la coordinación operativa a nivel nacional. La Audiencia Nacional, donde declararán Llamas y González, es el tribunal encargado de los casos más complejos y de mayor repercusión en el país. La presión sobre la cúpula de la Guardia Civil coincide con un momento de especial sensibilidad política, en el que la transparencia y la independencia de las instituciones están bajo el escrutinio público.
