El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que pasó setenta años en su piso de Madrid, ha dejado claro cómo funciona el mercado de alquiler en España. La mayoría de las viviendas arrendadas no están en manos de fondos ni empresas, sino de particulares. Pero la concentración de propiedades en pocas manos sigue creciendo, aunque de forma silenciosa.
Urbagestión, la inmobiliaria dueña del piso, llevó a cabo el desalojo que ha vuelto a abrir el debate sobre quién manda realmente en el alquiler. Según el Banco de España, el 76,1% de los arrendadores particulares solo tiene una vivienda alquilada. Sin embargo, ese grupo solo controla el 50,7% de los pisos en manos de personas físicas. El resto está en manos de quienes tienen más de una propiedad: el 15% de los caseros particulares tiene dos viviendas y gestiona el 21,8% del parque, y un 7,5% controla entre tres y cinco inmuebles, sumando el 18,9% de las viviendas alquiladas por particulares.
El desahucio de Maricarmen se produjo el 23 de septiembre de 2026, tras más de 70 años residiendo en el mismo piso del barrio de Retiro en Madrid.
La concentración no es igual en todo el país. Solo el 0,2% de los arrendadores particulares tiene 11 o más viviendas, pero ese pequeño grupo controla el 2,4% del parque en manos de personas físicas. Si se suman empresas y entidades públicas, la concentración sube. Un estudio del Ministerio de Consumo y el IFS-CSIC calcula que los particulares con una sola vivienda alquilada gestionan el 39% del total, mientras que el 61% está en manos de quienes tienen dos o más, sean personas físicas o jurídicas.
La tendencia a la concentración se ve también en la evolución de la propiedad. En 2008, el 54% de los titulares tenía un solo inmueble urbano. En 2025, ese porcentaje bajó al 48%. Al mismo tiempo, los propietarios con entre dos y cinco inmuebles pasaron del 41% al 45%, y los que tienen seis o más subieron del 5% al 7%. Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias son las provincias donde este proceso avanza más rápido.
El alquiler como fuente de ingresos está en auge. El último año, los contribuyentes españoles declararon casi 35.000 millones de euros en rentas de alquiler. Es un récord histórico, un 7,9% más que el año anterior y casi el doble que en 2015.
En 2025 se registraron más de 25.000 desahucios en España, según el Consejo General del Poder Judicial, lo que refleja la magnitud del problema de acceso a la vivienda en el país.
La brecha de renta marca diferencias. Entre los hogares con menos ingresos, poco más de la mitad es propietaria de su vivienda habitual. En el 10% más rico, la cifra roza el 90%. Si se mira la posesión de otros inmuebles, la diferencia es mayor: solo una cuarta parte de los hogares con menos recursos tiene otra vivienda, frente a casi el 80% entre los más acomodados. La vivienda como inversión pesa más: según EsadeEcPol, en 2022 este activo suponía casi el 14% del patrimonio neto de los hogares, frente al 11,5% en 2016.
El caso de Maricarmen no es único. Tras su desalojo, hubo protestas y acampadas en el centro de Madrid, como ya informó espanol.news. Esto muestra la tensión social ante la falta de soluciones de fondo para acceder a la vivienda.
El debate sobre el próximo decreto de vivienda se complica por la fragmentación del mercado y la variedad de perfiles entre los propietarios. Medidas como bonificaciones fiscales, límites a la subida de precios o protección frente a desahucios chocan con intereses opuestos y con la dificultad de definir si la vivienda es un bien de inversión o un derecho. Aunque la mayoría de los arrendadores sigue siendo pequeña, la concentración crece y el acceso a la vivienda depende cada vez más del nivel de renta y de la capacidad de invertir. El futuro del alquiler en España dependerá de si la ley logra proteger a los inquilinos y, al mismo tiempo, adaptarse a un mercado donde los particulares siguen mandando, pero cada vez menos repartido.
El caso de Maricarmen también ha provocado presión política y mediática. Han surgido críticas al sistema de protección de inquilinos y al papel de empresas como Urbagestión. Tras el desahucio, la empresa ofreció a Maricarmen volver a su piso a través de un programa de alquiler asequible gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, pero la propuesta fue rechazada por no cumplir los requisitos legales, según medios como El Constitucional y ARA. El debate sobre la regulación del alquiler y la protección de los arrendatarios mayores ha llegado a las instituciones, con declaraciones de representantes del Gobierno y la oposición recogidas por la Agencia EFE y otros medios nacionales.
La situación de Maricarmen muestra la tensión entre el derecho a la propiedad y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda. La concentración de inmuebles y la presión sobre los precios dificultan la estabilidad de los inquilinos más vulnerables. El seguimiento del caso por organismos oficiales y la cobertura de medios como El Mundo dejan claro que hacen falta soluciones de fondo y acuerdos en la legislación española.
