El nombre de Maricarmen Abascal ya forma parte de la historia reciente de la vivienda en España. Tras perder su piso en el barrio de Retiro, donde vivió durante 71 años, la mujer de 87 años murió en el Hospital Gregorio Marañón. El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento. Su caso desató una ola de indignación y la convirtió en referente para quienes reclaman protección real para los inquilinos más vulnerables.
El desalojo de Maricarmen no fue un hecho aislado. Durante casi siete años, soportó juicios y cuatro intentos de expulsión. Todo empezó cuando una empresa compró su vivienda a bajo precio porque ella tenía un contrato de renta antigua. Maricarmen nunca dejó de pagar el alquiler ni las facturas, pero los nuevos dueños reclamaron el piso. Alegaron que el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre y luego a ella, según una ley franquista que no reconocía a su madre como propietaria.
Tras el desahucio, la empresa Urbagestión accedió a firmar un nuevo contrato de alquiler de 8 años, limitando la renta al 30% de los ingresos de Maricarmen, con la mediación de la empresa municipal de vivienda de Madrid.
En 2020, los propietarios exigieron que dejara el apartamento. Maricarmen intentó llegar a un acuerdo. Ofreció pagar la diferencia de alquiler que le pedían —1.600 euros al mes frente a los 500 que abonaba— o incluso comprar el piso. No aceptaron ninguna de sus propuestas. La presión social consiguió lo que nunca se había visto en España: la empresa aceptó firmar un nuevo contrato para que pudiera volver. Pero la solución llegó tarde. Desde el desahucio, su salud empeoró y ya no pudo regresar a su casa.
La imagen de Maricarmen, en silla de ruedas y necesitando ayuda para las tareas diarias, se volvió símbolo de resistencia. Incluso desde el hospital, animaba a otros a seguir peleando por sus derechos y enviaba mensajes de apoyo a quienes acampaban en las plazas. Su frase se repitió en pancartas y camisetas: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.
Las protestas tras su desalojo se extendieron por Madrid y otras ciudades. Hubo manifestaciones, acampadas y hasta una huelga general. El foco se puso sobre miles de inquilinos mayores atrapados en contratos precarios. El lema “Todos somos Maricarmen” resumió el sentir de quienes vieron en su historia el reflejo de una amenaza real para la seguridad habitacional en España.
El conflicto legal se originó porque el contrato de alquiler, firmado en 1956, fue subrogado dos veces tras el fallecimiento de los padres de Maricarmen, lo que según la empresa propietaria extinguía el derecho a seguir en la vivienda bajo las normas del franquismo.
Maricarmen dedicó su vida al trabajo. Estudió taquimecanografía y secretariado, fue secretaria del consejo de administración de una farmacéutica durante 34 años y se jubiló en 1998. Tras dejar el empleo, su rutina apenas cambió. Paseaba por el barrio, compraba en la carnicería de la esquina y cuidaba con esmero los objetos de su piso: pinturas, porcelanas, recuerdos familiares. El desahucio la obligó a dejarlo todo, llevándose solo unas fotos en blanco y negro al hospital.
Su historia recuerda otros casos de resistencia frente a fondos y empresas que compran viviendas ocupadas por inquilinos de renta antigua. Como se detalla en un análisis anterior, la presión social y judicial puede forzar cambios, pero el coste personal suele ser irreversible.
En sus últimos días, Maricarmen confesó que su mayor deseo era morir en la habitación donde vio fallecer a sus padres. No pudo cumplirlo. No era religiosa, aunque cada noche, antes de dormir, saludaba a Dios, a sus padres, al papa Francisco y a los familiares que había perdido. Su otro sueño era descansar en el mar Cantábrico.
El caso de Maricarmen ha dejado una huella en la sociedad española. Su lucha mostró la fragilidad de los derechos de los inquilinos mayores y la lentitud de las soluciones institucionales. La presión social logró avances inéditos, pero no evitó el desenlace más duro. La historia de Maricarmen obliga a mirar de frente la realidad de miles de personas mayores que, tras toda una vida de trabajo y arraigo, pueden perder su hogar por decisiones empresariales y vacíos legales. La vivienda digna sigue siendo una promesa pendiente para muchos en España.
El proceso de desahucio se ejecutó finalmente el 23 de septiembre de 2026, tras varios aplazamientos judiciales, según datos confirmados por el Ayuntamiento de Madrid y reportes de La Vanguardia.
