José Ángel González, exnúmero dos de la Policía Nacional, reclama el cierre del sumario por presunta violación. Su defensa alega falta de pruebas sólidas. El juez mantiene la investigación abierta.
El antiguo director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado al juez David Maman Benchimol el cierre inmediato del sumario abierto en su contra por una denuncia de agresión sexual presentada por una agente. La defensa del exDAO sostiene que no existen indicios racionales suficientes para mantener la imputación, argumentando que el relato de la denunciante ha mostrado inconsistencias a lo largo de sus declaraciones y que las pruebas aportadas no permiten sostener la acusación.
La petición de archivo llega después de que el magistrado decidiera en junio mantener abiertas las diligencias, al considerar que los hechos podrían encajar en un presunto delito de agresión sexual. Esta decisión fue celebrada por el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, quien subrayó que se ha configurado una base probatoria que justifica la continuación del proceso judicial.
El pasado 11 de junio, el juez transformó la investigación en un sumario ordinario, un paso que implica que los posibles delitos investigados podrían conllevar penas más graves de lo previsto inicialmente. Sin embargo, este cambio no supone la apertura de juicio ni el cierre de la instrucción, sino que permite a las partes solicitar nuevas diligencias. Tras esta resolución, la defensa de González presentó un escrito formal para pedir el cierre del sumario sin procesamiento alguno.
El abogado de González, José Carlos Velasco, insiste en que el testimonio de la agente denunciante no es suficiente para mantener la imputación, señalando que su versión ha variado durante las declaraciones y que el contexto personal de la relación previa entre ambos podría haber influido en la denuncia. La defensa sostiene que existen elementos de celos, expectativas frustradas e intereses profesionales en el trasfondo del caso.
Este procedimiento se suma a otros casos recientes en los que la actuación judicial sobre altos cargos ha generado debate público. Por ejemplo, en otro proceso mediático, la defensa de Jonathan Andic también cuestionó la solidez de las pruebas y la continuidad de la investigación, como se detalla en el análisis sobre el caso Andic.
En el contexto judicial español, la transformación de una investigación en sumario ordinario suele indicar que el juez ve indicios de delito grave, aunque no implica necesariamente que se vaya a celebrar juicio. El cierre de un sumario puede solicitarse en cualquier momento si la defensa considera que no hay base suficiente para continuar. La decisión final sobre el archivo o la continuación del proceso corresponde al magistrado instructor, que debe valorar tanto las pruebas como la consistencia de los testimonios. En los últimos años, la gestión de denuncias por agresión sexual en cuerpos policiales ha estado bajo especial escrutinio, lo que añade presión institucional y mediática a este tipo de procedimientos.
