Un ex alto cargo de la inteligencia marroquí intentó entregar pruebas sobre el espionaje al móvil de Pedro Sánchez, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó la propuesta de inmediato. Según fuentes citadas por ABC, el fiscal jefe Jesús Alonso no aceptó la oferta de un emisario de Mehdi Hijaouy, quien prometía detalles sobre el uso de Pegasus contra el presidente del Gobierno y varios ministros, a cambio de frenar su extradición a Marruecos.
La propuesta llegó en octubre de 2024, poco después de que Hijaouy fuera detenido en España por una orden internacional de Interpol. El emisario, con más de 25 años de relación con Alonso, acudió personalmente a la Audiencia Nacional. Su mensaje era claro: Hijaouy podía aportar el "cómo se hizo, a quién y el contenido de los 2,6 gigas" extraídos del móvil de Sánchez y de cuatro ministros, pero solo si se paralizaba el proceso de extradición por presunta estafa.
Según medios españoles, Mehdi Hijaouy fue descrito como el 'ex número dos' de la inteligencia exterior marroquí y ya había estado bajo el radar de los servicios de inteligencia españoles.
La reacción de Alonso fue rápida. Según el entorno de Hijaouy, el fiscal jefe mostró nerviosismo y cortó la conversación en pocos minutos, alegando que el asunto "no interesa" porque suponía un problema para Marruecos. Días después, el emisario formalizó su ofrecimiento por correo electrónico, detallando la identidad y experiencia de Hijaouy como ex controlador general de la DGED marroquí y su conocimiento de operaciones de espionaje, yihadismo y narcotráfico.
La respuesta oficial de la Fiscalía tardó veintiún días. La secretaria de Alonso remitió al emisario al juzgado instructor, argumentando que el asunto ya estaba judicializado y debía comunicarse directamente al juez. Sin embargo, según fuentes judiciales, la oferta nunca llegó al titular del juzgado central número 4, José Luis Calama, quien investigaba desde 2022 la intrusión en los móviles de Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.
El entorno de Hijaouy interpreta la negativa de la Fiscalía como un alineamiento con los intereses del Gobierno español y de Marruecos. Tras dos incomparecencias ante el juez y una reunión con agentes del CNI y de los servicios secretos marroquíes, Hijaouy huyó de España con documentación falsa, pasó por Turquía y desapareció de Europa. Según el CNI, su paradero actual es desconocido y el caso se considera "absolutamente confidencial".
El caso Pegasus fue archivado nuevamente a principios de 2026 debido a la falta de cooperación de Israel y la ausencia de respuesta a las comisiones rogatorias, según informan varios medios españoles. Esto ha impedido que las nuevas afirmaciones sobre Hijaouy sean incorporadas oficialmente al expediente judicial.
La investigación judicial sobre Pegasus está bloqueada por la falta de colaboración internacional, especialmente de Israel, país de origen del software. El juez Calama ya había expresado su frustración ante la ausencia de respuestas a las comisiones rogatorias y pidió al Gobierno agotar la vía diplomática. Sin embargo, la información ofrecida por Hijaouy nunca se incorporó al procedimiento.
El caso de Mehdi Hijaouy no es aislado. Su historial incluye filtraciones masivas de datos de agentes marroquíes, altos funcionarios y operaciones sensibles, lo que le ha convertido en objetivo prioritario de la inteligencia de Rabat. Su entorno sostiene que busca desestabilizar el régimen de Mohamed VI y que la información sobre Pegasus y los escándalos de sobornos en el Parlamento Europeo forman parte de esa estrategia.
La gestión de la Fiscalía en este asunto muestra la fragilidad de la cooperación judicial cuando chocan intereses diplomáticos y de seguridad nacional. El rechazo a una fuente directa de pruebas sobre uno de los mayores casos de espionaje político en España en la última década plantea dudas sobre la autonomía real de las instituciones y la prioridad que se da a la protección de relaciones exteriores frente a la transparencia y la justicia. El episodio deja abiertas preguntas sobre la protección de las comunicaciones del Gobierno y la capacidad de España para investigar ataques a su soberanía digital.
