El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba setenta años en su piso de renta antigua en el centro de Madrid, ha pasado de ser un conflicto privado a un asunto de Estado. Las protestas se extendieron por varias ciudades. Miles de personas salieron a la calle. La presión social forzó al Gobierno a desempolvar el decreto de vivienda, bloqueado durante meses por las divisiones entre sus socios en el Congreso.
El 23 de septiembre de 2026, Maricarmen fue expulsada de su casa. Cientos de manifestantes intentaron frenar el desahucio, pero no lo lograron. El caso tuvo un gran eco en medios y redes. Según Reuters, muchos lo vieron como otro síntoma de la crisis de vivienda en España. La presión sobre los inquilinos y la falta de alternativas han encendido la indignación pública.
Durante el operativo policial para ejecutar el desahucio, se produjeron enfrentamientos y la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha visto en la reacción ciudadana una oportunidad política. Hasta ahora, los vetos cruzados entre Junts, PNV y Podemos habían bloqueado cualquier avance. Pero la presión en la calle ha cambiado el panorama. Fuentes del Ejecutivo admiten que, por primera vez, hay opciones reales de aprobar el decreto con medidas antidesahucios.
La Moncloa quiere que el texto pase por el Consejo de Ministros este martes. El objetivo es evitar que se repitan casos como el de Maricarmen y lanzar un mensaje político claro. Pero la suma de votos sigue en el aire. Junts, que tumbó el anterior decreto en febrero, ahora acepta negociar. El 3 de septiembre entregó sus propuestas a Sánchez. El PSOE, por su parte, prefiere asegurar los apoyos antes de arriesgarse a otra derrota.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lleva semanas intentando acercar posturas entre nacionalistas vascos, catalanes y Podemos. El reto es grande: PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos tienen exigencias propias sobre incentivos fiscales, competencias autonómicas y regulación del alquiler. Sumar, socio menor del Gobierno, pide que el decreto incluya la expropiación de la vivienda de Maricarmen, congelación y prórroga de alquileres, y límites a los pisos turísticos. El PSOE rechaza la expropiación y teme perder apoyos clave si cede en ese punto.
El Gobierno central, a través de la ministra Isabel Rodríguez, ha subrayado que el caso de Maricarmen motivó la aceleración de un nuevo paquete de medidas que incluye la suspensión de desahucios para personas vulnerables hasta que se les ofrezca una alternativa habitacional, así como la prórroga de contratos y restricciones a la vivienda turística.
Junts pone como líneas rojas los incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, medidas contra la ocupación que no supongan más costes para los dueños y respeto total a las competencias de la Generalitat. Además, rechazan los decretos ómnibus que mezclan vivienda con otros temas. El PNV exige que la reforma de la ley del suelo y la regulación del alquiler de temporada estén incluidas, junto con garantías para las competencias autonómicas.
El borrador que el Gobierno envió antes del verano incluía congelar los alquileres durante dos años, prórrogas hasta 2028 y equiparar el alquiler de habitaciones a contratos de vivienda habitual. Según fuentes del Ejecutivo, dos de estas medidas habrían evitado el desahucio de Maricarmen. Pero la moratoria de alquileres sigue siendo el mayor obstáculo. Junts pide bonificaciones fiscales para caseros que congelen o bajen rentas. Podemos rechaza cualquier reforma de la ley del suelo.
En ERC, Gabriel Rufián ha criticado el peso de Junts en la negociación y pide que no marque los límites en vivienda al resto de grupos. Junts confirma que los contactos con el PSOE se han intensificado y espera respuestas a sus propuestas en las próximas horas. La portavoz Miriam Nogueras entregó personalmente a Sánchez el paquete de demandas de Junts, que incluye desgravaciones para alquileres e hipotecas y más inversión en vivienda pública.
El Gobierno también quiere marcar distancia con el PP, que rechaza aplicar la ley de vivienda y se opone a intervenir el mercado. Sánchez, desde Nueva York, culpó al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid —ambos en manos del PP— del desahucio de Maricarmen. Les acusó de no usar las herramientas legales disponibles. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, defiende que el desalojo es uno más de los 25.500 que se ejecutan cada año en España y que el Gobierno ha tenido tiempo de sobra para cambiar la ley.
Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, acusa a Ayuso de no hacer nada en vivienda y de favorecer un mercado especulativo donde los fondos de inversión compiten con los ciudadanos. Recuerda que en la Comunidad de Madrid se construyó poca vivienda pública y la que había se vendió a fondos buitre.
El caso de Maricarmen ha dejado claro lo frágiles que son los acuerdos parlamentarios en vivienda y lo difícil que es conciliar intereses tan distintos. El Gobierno espera que la urgencia social fuerce un pacto, pero la experiencia reciente —como la crisis interna socialista tras el voto en Sevilla— muestra que la aritmética parlamentaria puede ser imprevisible. En un momento en que la vivienda es uno de los principales focos de tensión política y social, la capacidad del Ejecutivo para cerrar un acuerdo real será la prueba de su liderazgo y de su respuesta a una demanda ciudadana que ya no admite más retrasos.
Después del desahucio, el Ayuntamiento de Madrid ofreció a Maricarmen alojamiento temporal a través de los servicios sociales. Fue trasladada al hospital Gregorio Marañón para su valoración, según medios como 20 Minutos y declaraciones del alcalde. Más detalles sobre la evolución de las medidas pueden leerse en la cobertura de El País.
