El Ejecutivo busca cerrar julio con acuerdos en vivienda, dependencia y financiación. La agenda judicial y los pactos PP-Vox elevan la tensión política. El resultado de estas reformas será decisivo para la legislatura.
El Gobierno ha puesto en marcha una ofensiva legislativa en julio para contrarrestar el desgaste provocado por los recientes escándalos judiciales y la sensación de parálisis institucional. Con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y otras figuras relevantes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política antes del parón de agosto.
Entre las prioridades figura un decreto de vivienda que busca ir más allá de la prórroga de alquileres. El texto, negociado entre Isabel Rodríguez (PSOE) y Pablo Bustinduy (Sumar), incluirá reformas en los alquileres de temporada y permitirá a los grupos parlamentarios introducir propuestas propias. El objetivo es lograr un acuerdo amplio que podría convertirse en el último gran pacto de la legislatura. Sin embargo, la posición de Junts sigue siendo determinante, especialmente a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre Carles Puigdemont el 16 de julio.
El 14 de julio está prevista la votación de una reforma profunda del sistema de dependencia, que contempla aumentar la financiación estatal hasta 7.200 millones de euros anuales en 2027. Sumar apuesta por este avance como parte de su estrategia para justificar su presencia en el Gobierno ante su electorado, mientras el apoyo del PP sigue siendo incierto.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España, inicia la negociación política de los Presupuestos con la discusión de la senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se prevén votaciones clave los días 14 y 21 de julio, aunque el rechazo del PP podría bloquear avances inmediatos. A finales de mes, el foco se desplazará a la reforma del sistema de financiación autonómica, donde el apoyo de Cataluña será crucial, mientras otras comunidades socialistas muestran reservas.
La agenda internacional también suma presión: Pedro Sánchez participará en la cumbre de la OTAN en Ankara, en un contexto marcado por las amenazas de Donald Trump sobre la permanencia de España en la organización y el debate sobre el aumento del gasto en defensa. Sánchez mantiene su negativa a elevarlo al 5%, argumentando el riesgo de recortes sociales.
Julio será además el mes en que se presenten los datos oficiales de la regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que el Gobierno quiere destacar como referente en Europa pese a la división social que reflejan las encuestas. Sánchez defiende un mensaje firme de apoyo a la inmigración como respuesta al avance de la ultraderecha.
El acuerdo PP-Vox en Andalucía añade tensión al panorama político, reforzando la estrategia del Gobierno de movilizar a la izquierda frente a la posibilidad de un Ejecutivo nacional de PP y Vox. El ministro Óscar López ha criticado la convergencia de discursos entre ambos partidos, mientras el PP insiste en que el desgaste del Gobierno les acerca a una mayoría amplia.
En este contexto, el Ejecutivo confía en que los avances legislativos y los datos económicos —como el récord de 22,47 millones de afiliados— permitan cambiar la percepción de agotamiento y llegar a las elecciones con una hoja de servicios sólida. Sin embargo, la agenda judicial y la estrategia de oposición del PP mantienen la incertidumbre sobre el desenlace político de los próximos meses.
Según datos oficiales, España ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido en el empleo y la afiliación a la Seguridad Social. La reforma de la financiación autonómica es una de las demandas históricas de varias comunidades, especialmente Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. El sistema de dependencia, creado en 2006, ha sido objeto de múltiples revisiones para mejorar la cobertura y la financiación. La cumbre de la OTAN de este año se celebra en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y debates sobre el gasto militar. La regularización extraordinaria de inmigrantes es una de las medidas más ambiciosas del Gobierno en materia de política social y migratoria. El acuerdo PP-Vox en Andalucía refuerza la tendencia de alianzas entre ambos partidos en varias comunidades autónomas. El resultado de las reformas impulsadas en julio será clave para definir el balance de la legislatura y el clima político de cara a las próximas elecciones.
