El Ejecutivo retrasa la aprobación del real decreto de vivienda. La falta de consenso entre socios impide su avance. La medida estrella queda en suspenso hasta después del verano.
El Gobierno ha decidido posponer la aprobación del esperado real decreto de vivienda, previsto inicialmente para este martes, tras constatar que no dispone de los apoyos necesarios en el Congreso. La falta de consenso entre los socios de la investidura ha obligado al Ejecutivo a retrasar la medida hasta septiembre, según fuentes gubernamentales citadas por EL PAÍS. El texto, que incluía la congelación de los precios del alquiler durante dos años y otras medidas para responder a la crisis habitacional, no ha logrado superar las diferencias internas del bloque parlamentario.
El borrador del decreto, consensuado entre Sumar y el Gobierno la semana pasada, contemplaba que la congelación de alquileres pudiera solicitarse hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, la propuesta evidenció rápidamente la falta de respaldo suficiente, con Podemos y Junts manifestando su desacuerdo. El Ejecutivo había apostado por este paquete como cierre del curso político, en un contexto marcado por la presión judicial sobre el PSOE y la necesidad de mostrar avances en la agenda social.
La prórroga de los alquileres, una de las principales demandas de Sumar, ya había fracasado en abril tras el rechazo de Junts, PP y Vox. Para intentar sumar apoyos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, incorporó nuevas medidas al texto, como la equiparación del alquiler de habitaciones al de vivienda habitual, contratos de mayor duración y límites de precio en zonas tensionadas, siguiendo la visión del PNV. No obstante, la moratoria de alquileres seguía siendo el principal obstáculo, incluso tras introducir bonificaciones fiscales para propietarios que congelaran o redujeran rentas, una petición de Junts que no convenció a Podemos.
Las diferencias se ampliaron cuando Podemos exigió la retirada de los artículos que reforman la ley del suelo como condición para negociar, mientras que el PNV insistía en mantenerlos para garantizar seguridad jurídica y agilizar los planeamientos urbanísticos. Además, la regulación del alquiler de temporada y el respeto a las competencias autonómicas se convirtieron en puntos de fricción adicionales. Ante el riesgo de una nueva derrota parlamentaria al inicio del próximo curso, La Moncloa ha optado por aplazar la aprobación del decreto.
El retraso del real decreto de vivienda refleja la complejidad de alcanzar acuerdos en materia habitacional en España, donde el acceso a la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales. Según datos recientes del INE, el precio medio del alquiler ha experimentado subidas superiores al 30% en varias ciudades en los últimos cinco años. La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, introdujo límites en zonas tensionadas, pero su aplicación ha sido desigual entre comunidades autónomas. El debate sobre la reforma de la ley del suelo y la regulación de los alquileres de temporada sigue abierto, mientras el Gobierno busca fórmulas para desbloquear el consenso parlamentario necesario para avanzar en la agenda social.
