El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en el barrio del Retiro de Madrid, ha sacudido la política nacional. El Gobierno se ha visto forzado a acelerar un decreto ley sobre vivienda. Todo estalló tras la intervención policial y la presión de los vecinos. El caso ha dejado claro que los partidos no han sabido frenar los abusos de los fondos buitre. Ahora, la negociación parlamentaria vuelve a estar en el centro, en un momento crítico para Pedro Sánchez.
El llamado "decreto Maricarmen" podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros. Se ha convertido en el foco de la batalla política. Maricarmen sigue hospitalizada y sin alternativa habitacional. Miles de personas se han movilizado. El cruce de acusaciones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid no ha tardado. Moncloa culpa a Isabel Díaz Ayuso. El PP responde que PSOE y Sumar llevan años en el poder sin resolver el problema de la vivienda.
El ministro Ernest Urtasun ha declarado públicamente que existe margen para aprobar el decreto en el Consejo de Ministros, lo que confirma la posibilidad real de un acuerdo dentro de la coalición.
La reacción ha sido inmediata. Junts, que llevaba meses sin sentarse con el Ejecutivo, ha cambiado de postura y ha vuelto a negociar. Fuentes de Moncloa ven este giro como un "movimiento tectónico" que puede reactivar la mayoría parlamentaria del Gobierno. La presión sobre Junts para que apoye las medidas del Ejecutivo es máxima. La legislatura parecía agotada y el regreso de Puigdemont se da por inminente tras la próxima sentencia del Constitucional.
Podemos también ha regresado a la negociación. Mantiene su exigencia de medidas duras contra la especulación y los fondos buitre. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y referente antidesahucios, ha pedido incluso que los ministros de Sumar salgan del Gobierno si el PSOE no endurece la ley. Desde el Ejecutivo rechazan propuestas como la expropiación del piso de Maricarmen. Las ven inviables. Recuerdan que la oposición real desde la izquierda la lidera Irene Montero.
Durante la legislatura, Sumar ha intentado que el PSOE acepte reformas profundas en vivienda, sin éxito. Las tensiones han subido en redes sociales. En Moncloa creen que las amenazas de Sumar no pasarán de la retórica. El Gobierno insiste en que la negociación sigue abierta. El contexto político, marcado por la tragedia del desahucio, ahora parece más favorable para un acuerdo.
Según RTVE, el decreto de vivienda incluye medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y restricciones para grandes tenedores, y su aprobación depende del apoyo de Junts y Podemos en el Congreso.
El Gobierno admite que la presión social y política tras el caso Maricarmen ha obligado a todos los partidos a revisar su postura. La negociación sigue abierta. Nadie da por hecho que el decreto saldrá adelante sin problemas en el Congreso. Encontrar un equilibrio entre las demandas de los socios y la viabilidad legal de las medidas será clave en los próximos días.
Este episodio muestra la fragilidad de la mayoría parlamentaria y lo difícil que es avanzar en políticas de vivienda efectivas. El caso Maricarmen ha traído de vuelta los fantasmas del 15-M y ha devuelto a la primera línea a figuras como Ada Colau. También ha dejado claro hasta dónde llegan los límites de la política frente a la especulación inmobiliaria. En un otoño marcado por la crisis en Ceuta, la corrupción y un ambiente preelectoral cada vez más tenso, el Gobierno se agarra a la esperanza de que el decreto Maricarmen sirva de bálsamo político. Pero la experiencia reciente demuestra que los grandes gestos no siempre se convierten en soluciones duraderas para los problemas de vivienda en España.
El Gobierno y Junts confirman que las propuestas concretas sobre vivienda están sobre la mesa de Pedro Sánchez desde el 3 de septiembre. El paquete incluye una posible moratoria de desahucios para inquilinos vulnerables y cambios fiscales en alquileres e hipotecas. La validación del decreto en el Congreso será el siguiente paso clave, según información de RTVE.
