El Tribunal Supremo decide el futuro de la amnistía migratoria bajo presión de Madrid. El Tribunal Supremo estudia la posible suspensión de la amnistía migratoria. El gobierno catalán acuerda el presupuesto de forma urgente. En Madrid se debate la participación en el nuevo plan de vivienda.
El Tribunal Supremo de España celebra hoy cinco audiencias sobre la posible suspensión del decreto gubernamental que permite la regularización masiva de migrantes. La iniciativa de bloquear temporalmente el proceso fue presentada por las autoridades de Madrid, así como por las organizaciones Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación por la Libertad y la Justicia. Todas ellas impugnan la legalidad de la amnistía migratoria y exigen medidas inmediatas hasta que se resuelva definitivamente sus recursos.
Mientras los jueces analizan los argumentos de las partes, en Cataluña el gobierno liderado por Salvador Illa se reúne en sesión extraordinaria. El objetivo principal es aprobar el proyecto de presupuesto y enviarlo de forma urgente al Parlamento. Según los medios españoles, el gabinete ya cuenta con el apoyo de ERC y Comuns, lo que permite esperar una rápida aprobación del plan financiero.
En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con representantes de sindicatos y empresarios. En la agenda está el debate sobre la participación de los agentes sociales en la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda para 2026–2030. Las autoridades confían en que el trabajo conjunto acelerará la puesta en marcha de los principales programas de apoyo a inquilinos y compradores.
Como señala EL PAÍS, la atención al proceso judicial sobre la amnistía migratoria sigue siendo alta en el contexto de la reciente noticia sobre la apertura de un caso contra el ex primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el caso Plus Ultra. Este proceso también genera un amplio impacto en la opinión pública y podría influir en la agenda política de las próximas semanas.
Para referencia: el Tribunal Supremo de España es la máxima instancia judicial del país, y sus decisiones son vinculantes para todas las autoridades. El Parlamento catalán tradicionalmente aprueba los presupuestos a comienzos de año, aunque en los últimos años el proceso se ha retrasado a menudo por desacuerdos políticos. El plan estatal de vivienda es una herramienta clave para el apoyo al mercado inmobiliario y a los inquilinos, y su actualización se realiza cada varios años.
