El Tribunal de Justicia Europeo decidirá sobre la ley de amnistía española. El Gobierno confía en que el fallo permita el regreso de Puigdemont y recupere el apoyo de Junts. La tensión judicial y política sigue creciendo.
El Gobierno español afronta una semana decisiva pendiente del Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, que este jueves debe pronunciarse sobre la ley de amnistía. La resolución puede abrir la vía para el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, un movimiento que el Ejecutivo considera clave para recomponer la frágil mayoría parlamentaria y rebajar la tensión política acumulada desde el inicio del procés.
Hasta ahora, los tribunales españoles han bloqueado la aplicación de la amnistía a Puigdemont, lo que ha provocado el distanciamiento de Junts y ha puesto en riesgo la estabilidad del Gobierno. Sin embargo, todo apunta a que el TJUE avalará la legalidad de la ley, en línea con el criterio del abogado general de la UE, lo que supondría un alivio tanto para el Ejecutivo como para el propio Puigdemont. Para que el expresident pueda regresar, aún faltaría el visto bueno del Tribunal Constitucional.
En Moncloa ven en la sentencia europea una oportunidad para recuperar la iniciativa política y frenar la ofensiva judicial que ha marcado la legislatura. El desgaste provocado por la amnistía, especialmente entre sectores conservadores de la judicatura, ha sido uno de los principales obstáculos para el Gobierno. La amnistía fue la condición que permitió la investidura, pero también el origen de la actual fractura con Junts, que insiste en que su ruptura con el PSOE es definitiva mientras no se cumplan otras promesas, como el reconocimiento del catalán en Europa y la transferencia de competencias en migración a la Generalitat.
Pese a la firmeza de Junts, el Ejecutivo mantiene la esperanza de que un fallo favorable en Luxemburgo pueda reabrir el diálogo. Actualmente, Junts sigue siendo imprescindible para aprobar medidas clave, como el nuevo decreto de vivienda y la reforma de las políticas de dependencia, que este martes se somete a votación en el Congreso. El PP se opone a estas reformas, por lo que el apoyo de Junts y el PNV resulta determinante para el Gobierno.
La tramitación de los Presupuestos y la reforma de la financiación autonómica siguen en marcha, aunque con pocas garantías de éxito inmediato. El Ejecutivo intenta demostrar capacidad de gestión y pulso político, mientras las encuestas reflejan que la estrategia de ruptura no está beneficiando a Junts, superado en intención de voto por Aliança Catalana.
En paralelo, la presión judicial sobre el entorno del Gobierno no cesa. Esta semana podría fijarse la fecha del juicio oral contra Begoña Gómez y está pendiente la sentencia sobre David Sánchez, hermano del presidente. En Moncloa temen que la ofensiva judicial se intensifique a medida que se acerquen las elecciones, con la posibilidad incluso de imputaciones que afecten al PSOE o al propio Pedro Sánchez. Sin embargo, algunos ministros consideran que un exceso de celo judicial podría volverse en contra de los impulsores de estas causas.
La agenda política se mantiene cargada de imprevistos, como la visita de Sánchez a la zona afectada por el incendio en Almería o el derribo de la verja de La Línea de la Concepción con Gibraltar. El Gobierno prepara una nueva “operación septiembre” para intentar cambiar el eje del debate público, como ya ocurrió el año pasado tras los escándalos de corrupción.
En el entorno de Sánchez confían en que, pese al desgaste, el presidente sigue siendo un candidato más sólido que Alberto Núñez Feijóo. En Moncloa critican los recientes errores del líder del PP, que ha abierto debates delicados sobre bajas médicas, la ley de nietos o el concebido no nacido. Además, la política internacional, con citas clave como las elecciones en Estados Unidos y los próximos comicios en Francia, Italia y España, se percibe como un terreno favorable para Sánchez frente a Feijóo.
Según datos oficiales, el TJUE es la máxima instancia judicial de la Unión Europea y sus sentencias son vinculantes para los Estados miembros. La ley de amnistía fue aprobada en 2024 tras intensas negociaciones y ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional. Carles Puigdemont reside en Bélgica desde 2017 y su posible regreso a Cataluña depende de la interpretación judicial de la amnistía. Junts per Catalunya es un partido independentista clave en la gobernabilidad española desde las últimas elecciones generales. El reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE sigue bloqueado por la falta de consenso entre los Estados miembros, especialmente Alemania. La transferencia de competencias en migración a la Generalitat está pendiente de acuerdo político y técnico. El contexto político español sigue marcado por la polarización y la judicialización de los principales conflictos territoriales.
