El caso Zapatero suma nuevas complicaciones tras el cambio de versión de Julio Martínez. El Ejecutivo sigue defendiendo la inocencia del expresidente, mientras crecen las presiones internas y externas para que dé explicaciones.
El respaldo del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero permanece intacto, incluso después de que el caso Plus Ultra haya dado un giro inesperado con el testimonio de Julio Martínez Martínez. El antiguo colaborador del expresidente ha desmentido públicamente las afirmaciones de Zapatero sobre su supuesta falta de implicación en el rescate de la aerolínea, lo que ha generado inquietud tanto en el PSOE como en el Ejecutivo.
El juez José Luis Calama cuenta ahora con la declaración de Martínez Martínez, quien contradice la versión oficial mantenida hasta ahora. Además, el presidente actual de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado el contenido de los mensajes que constituyen la principal prueba del caso. Estos elementos refuerzan la investigación sobre un posible tráfico de influencias en la concesión de un crédito de 53 millones de euros a la compañía tras la crisis del covid.
A pesar de la presión creciente, el Gobierno ha optado por mantener su confianza en Zapatero. La ministra portavoz, Elma Saiz, reiteró tras el Consejo de Ministros la defensa de la presunción de inocencia del expresidente y subrayó que el rescate de Plus Ultra fue avalado por los técnicos de la SEPI, por Bruselas y por los tribunales español y europeo. Desde La Moncloa insisten en que no ejercen la defensa de Zapatero, pero sí creen en su inocencia.
En el PSOE, la vicesecretaria general María Jesús Montero también ha reafirmado el apoyo al expresidente, aunque ha señalado que el cambio de versión de Julio Martínez recuerda a otros casos recientes en los que testigos han modificado su declaración ante la justicia. Sin embargo, en privado, dirigentes regionales y locales del partido expresan su preocupación por la falta de explicaciones públicas de Zapatero.
Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha sido más contundente en sus demandas. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, reclamó públicamente que Zapatero debe dar explicaciones ante la ciudadanía, señalando la inquietud y preocupación generadas por el caso. En el Congreso, Alberto Ibáñez (Compromís) calificó la situación del expresidente como políticamente insostenible.
Desde que estalló el escándalo, Zapatero solo ha respondido a través de un vídeo en el que negó las acusaciones. Su entorno dejó entrever que comparecería ante la prensa, pero su abogado le recomendó esperar a declarar ante el juez. Desde entonces, el expresidente ha optado por el silencio, incluso tras la reciente declaración de Julio Martínez que lo coloca en una posición más delicada.
La oposición ha aprovechado la situación para intensificar sus críticas. El Partido Popular y Vox han vinculado directamente al Gobierno con el rescate de Plus Ultra y han acusado a Zapatero y Pedro Sánchez de actuar en connivencia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto pronunciarse sobre el asunto en su próxima comparecencia.
El caso Plus Ultra se centra en la concesión de un crédito millonario a la aerolínea durante la pandemia, una decisión que fue objeto de polémica desde el principio. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) gestionó el rescate, que fue posteriormente avalado por la Comisión Europea. El caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en la gestión de fondos públicos y la posible existencia de tráfico de influencias en la toma de decisiones gubernamentales. La investigación judicial sigue abierta y podría tener repercusiones políticas de calado si se confirman las sospechas sobre la implicación de altos cargos.
