El Ejecutivo reafirma su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero tras las últimas declaraciones judiciales sobre el rescate de Plus Ultra. El nerviosismo se extiende en el PSOE, mientras la Moncloa insiste en la legalidad de la operación.
El Gobierno mantiene su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero en plena escalada de tensión interna en el PSOE, después de que nuevas declaraciones judiciales hayan situado al expresidente en el centro de la polémica por el rescate de Plus Ultra. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reiterado que la actuación del Gobierno en la concesión de los 53 millones de euros a la aerolínea fue “correcta” y que Zapatero sigue contando con la presunción de inocencia, pese a que el caso ha generado un creciente malestar en las filas socialistas.
La situación se ha agravado tras la comparecencia ante el juez José Luis Calama del administrador de Análisis Relevante, consultora clave en la investigación, quien ratificó que Zapatero “marcaba los pasos a seguir” en la operación. Este giro en la estrategia de defensa de Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, ha estrechado el margen de maniobra tanto para el expresidente como para la dirección del PSOE y la Moncloa, que desde el 19 de mayo mantienen una posición de cierre de filas tras la imputación de Zapatero como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias.
Elma Saiz ha subrayado que el expediente del rescate fue avalado por los servicios técnicos de la SEPI, revisado por un juzgado de instrucción de Madrid, analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Además, recordó que el Tribunal de Justicia de la UE respaldó el régimen de ayudas, insistiendo en que “no hay ninguna duda” sobre la legalidad del proceso. Sin embargo, la presión interna en el PSOE aumenta, especialmente entre los dirigentes más alejados de la dirección federal, que reclaman explicaciones públicas y temen el impacto político del caso.
María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, atribuye las nuevas acusaciones a una estrategia de defensa de Julio Martínez y del presidente de Plus Ultra, que han implicado a Zapatero en las gestiones para el rescate. El expresidente, por su parte, se desvinculó de las ayudas en su declaración ante la Audiencia Nacional el mes pasado. Algunos dirigentes socialistas, como Rafael Escuredo, han expresado su desconcierto y malestar en redes sociales, mientras otros, como Carlos Martínez, secretario general de Castilla y León, mantienen públicamente su confianza en Zapatero pero advierten que “quien la haga, que pague”.
El caso Plus Ultra ha generado un debate interno sobre la gestión de la crisis y la falta de explicaciones sobre otros asuntos, como el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en el despacho de Zapatero, por las que también está imputado por contrabando y delito fiscal. La demora en aclarar estos hechos ha incrementado la frustración entre algunos líderes territoriales, que consideran que la situación “pone contra la pared” al partido y limita su capacidad de distanciarse del expresidente.
La polémica se amplifica por los contratos de más de un millón de euros entre empresas vinculadas a las hijas de Zapatero y consultoras de los hermanos Amaro Chacón, lo que añade presión sobre la dirección federal. Un miembro de la ejecutiva reconoce que el margen para tomar distancia es cada vez menor, mientras el Gobierno insiste en que el caso está siendo utilizado por la oposición para desgastar al Ejecutivo y que España sigue liderando el crecimiento económico en Europa.
El caso Plus Ultra no es nuevo en la agenda política. Ya en ocasiones anteriores, la figura de Zapatero fue señalada como clave en la gestión de la ayuda pública a la aerolínea, como se recoge en un análisis reciente sobre el papel del expresidente en la concesión de fondos. La investigación judicial sigue abierta y la presión sobre el PSOE y el Gobierno no parece disminuir a corto plazo.
En el contexto actual, la estabilidad interna del PSOE se ve amenazada por la falta de respuestas claras y la acumulación de frentes judiciales. El caso Plus Ultra se suma a otros episodios recientes que han puesto en entredicho la gestión de ayudas públicas y la transparencia en la actuación de altos cargos. La evolución de la causa y la capacidad del partido para gestionar la crisis serán determinantes en el clima político de los próximos meses.
Como contexto, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es el organismo encargado de gestionar las ayudas a empresas estratégicas en España. El Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea supervisan estos procesos para garantizar su legalidad. El caso Plus Ultra ha sido uno de los más mediáticos desde la pandemia, por el volumen de fondos públicos implicados y la relevancia de los nombres señalados en la investigación. La Audiencia Nacional continúa instruyendo la causa, mientras el debate sobre la responsabilidad política y la transparencia sigue abierto en el seno del PSOE y en la opinión pública.
