El Ejecutivo vasco concede de nuevo la semilibertad a Juan Ramón Carasatorre. La decisión llega tras la revocación judicial y genera malestar entre asociaciones de víctimas. El recluso participó en un encuentro con víctimas días antes.
El Gobierno vasco ha decidido restituir la semilibertad a Juan Ramón Carasatorre Aldaz, conocido como Zapata, condenado por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez en 1995 y otros atentados de ETA. La medida, adoptada apenas tres meses después de que un juez anulara una decisión similar, permite al recluso salir del Centro Penitenciario de Zaballa (Vitoria) de lunes a viernes para trabajar y realizar actividades de voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
La resolución llega tras la participación de Carasatorre, hace menos de una semana, en un encuentro con víctimas del terrorismo dentro de un programa de justicia restaurativa. Según documentos judiciales citados por EL PAÍS, este paso forma parte del itinerario de reinserción que sigue el interno. Sin embargo, la decisión ha provocado una fuerte reacción entre asociaciones de víctimas, que critican la rapidez con la que se ha concedido la medida tras dicho encuentro.
En abril, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro revocó la anterior concesión de semilibertad, argumentando graves carencias en el expediente presentado por el Departamento de Justicia. Entre los motivos, el magistrado señaló la ausencia de un informe psicológico que acreditara la asunción de delitos por parte de Carasatorre y la falta de un plan detallado sobre las actividades a realizar fuera del centro. La Audiencia Nacional confirmó esta revocación en mayo, aunque la Fiscalía había apoyado la posibilidad de salidas controladas.
La nueva decisión del Ejecutivo vasco, que también afecta a otro recluso de ETA, Félix López de la Calle (Mobutu), ha sido recibida con malestar por colectivos como Covite y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha lamentado que la medida se haya tomado poco después del encuentro restaurativo y ha recordado que su solicitud para reunirse con Carasatorre, implicado en el asesinato de su hermano, no ha recibido respuesta. Por su parte, la AVT ha denunciado que esta política forma parte de un plan para vaciar las cárceles de presos de ETA.
Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de los centros penitenciarios de Euskadi en octubre de 2021, se han concedido 147 semilibertades a internos, según datos de la AVT: 122 mediante la clasificación en tercer grado y 25 aplicando el artículo 100.2, como en el caso de Carasatorre. El artículo 100.2 permite flexibilizar el régimen penitenciario para facilitar la reinserción, pero su uso en casos de delitos graves genera debate público y jurídico. La gestión penitenciaria en Euskadi ha estado marcada por la controversia sobre la reintegración de condenados por terrorismo y el equilibrio entre justicia, reparación y reinserción social. El caso de Carasatorre vuelve a situar en el centro del debate la política penitenciaria vasca y la respuesta institucional ante las demandas de las víctimas.
