El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una crisis interna tras la entrega de un informe policial que señala de forma directa a Marruecos como responsable del asalto masivo de unas 80.000 personas en la frontera de El Tarajal, en Ceuta. El documento, elaborado bajo estricta confidencialidad, ha dejado en evidencia la falta de reacción del Ministerio del Interior y ha provocado tensiones en la cúpula política.
La investigación dio un giro por la decisión de la juez María Tardón, que asumió el control y evitó delegar el caso. Tardón consultó personalmente a mandos policiales de su confianza para decidir a qué unidad de la Policía Nacional encargar la investigación, con el objetivo de aislarla de cualquier presión política o jerárquica. Ordenó que los agentes reportaran solo a ella, blindando así el proceso frente a posibles interferencias.
Según el informe policial, agentes marroquíes en uniforme y de paisano guiaron activamente a los migrantes hacia el paso fronterizo de El Tarajal, lo que descarta la espontaneidad del asalto.
RTVE
Los agentes del CENIF, seleccionados para la investigación, trabajaron aislados durante casi un mes, en secreto incluso dentro de su propia unidad. Fuentes de la Comisaría General de Extranjería describen un hermetismo total. El informe, entregado discretamente en la Audiencia Nacional, apunta de forma clara al Estado marroquí como responsable intelectual y operativo del asalto, una acusación que el Gobierno español ha intentado esquivar durante semanas. Según medios como El País y ABC, el informe sostiene que la operación fue planificada con antelación y que el objetivo era saturar la capacidad de respuesta española. Fotografías y vídeos incluidos en el dossier policial respaldan esta conclusión.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, quedó descolocado. El ministro llegó a escribir una carta de madrugada a su director general de Policía pidiendo explicaciones, para después negar que el informe responsabilizara a Marruecos, pese a que el texto lo hace de forma explícita. En Extranjería, la sorpresa fue total: las alertas sobre movimientos inusuales en la frontera se habían comunicado reiteradamente en reuniones semanales con Interior, Guardia Civil, Ceuta y Melilla, pero no se tomaron medidas preventivas. Según RTVE, la policía ya había advertido sobre el riesgo de una "entrada masiva" en Ceuta, pero las medidas adoptadas no fueron suficientes.
La juez Tardón también encargó un informe a la Guardia Civil, optando por la unidad de Información en lugar de la Policía Judicial, siguiendo criterios técnicos y evitando polémicas sobre posibles motivaciones políticas. El informe de la Guardia Civil aún está en elaboración, pero se espera que refuerce las conclusiones ya presentadas por la Policía Nacional.
El informe policial fue elaborado por el CENIF y entregado a la juez María Tardón en la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación judicial que aún no ha derivado en una resolución sobre la responsabilidad definitiva. La prensa española destaca que la cifra de personas involucradas oscila entre 72.000 y 85.000, dependiendo de la fuente y la metodología de recuento.
El País
El trasfondo de la investigación muestra que la Comisaría General de Extranjería llevaba al menos seis años advirtiendo sobre el uso de la frontera como herramienta de presión por parte de Marruecos. Sin embargo, la falta de respuesta del Gobierno español ante las alertas recibidas, tanto de sus propios cuerpos de seguridad como de responsables políticos de Ceuta, podría derivar en responsabilidades si se confirma negligencia en la gestión de la crisis. Además, según ABC, la juez llevaba más de un año reclamando cooperación a Marruecos para avanzar en la investigación, sin obtener respuesta efectiva.
La publicación del informe ha provocado una tormenta política. El Gobierno, que en un primer momento calificó el asalto como un "ataque a la integridad" de España, ha intentado desviar la atención hacia supuestas injerencias de "Rusia", "Israel" o mafias internacionales, sin aportar pruebas sólidas. Esta estrategia recuerda a análisis previos sobre el aumento de la tensión política en el país.
El caso deja al descubierto la fragilidad de los mecanismos de respuesta ante amenazas a la soberanía nacional y la dificultad de aislar las investigaciones judiciales de la presión política. La actuación de la juez Tardón, marcada por la experiencia y la independencia, ha puesto en evidencia las carencias de un sistema que, pese a las advertencias internas, no supo anticipar ni gestionar una crisis de esta magnitud.
