El expresidente Zapatero fue cuestionado por el juez Calama sobre los pagos recibidos de Análisis Relevante y una empresa peruana. El magistrado exigió detalles sobre los trabajos realizados y la naturaleza de los ingresos.
El interrogatorio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se convirtió en un episodio de alta tensión, marcado por las insistentes preguntas del juez José Luis Calama sobre los pagos recibidos por el exmandatario. Durante casi tres horas, el magistrado exigió explicaciones precisas sobre los trabajos realizados para la empresa Análisis Relevante y sobre las transferencias de 200.000 euros procedentes de la firma peruana Focus Social Research.
Según los audios de la declaración, a los que tuvo acceso EL PAÍS, el juez Calama no permitió evasivas y dejó claro que buscaba esclarecer el origen y la justificación de los ingresos. En varios momentos, interrumpió a Zapatero para exigir respuestas concretas, subrayando que el dato era más relevante que cualquier relato. El magistrado cuestionó especialmente la naturaleza de los informes elaborados para Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, y la relación del expresidente con los clientes de la sociedad.
Zapatero defendió que su labor consistía en asesoramiento y en la elaboración de informes que, según explicó, no estaban dirigidos a clientes específicos, sino que se enviaban a potenciales interesados. Sin embargo, el juez insistió en que los pagos sustanciosos recibidos requerían una justificación más detallada. El expresidente también argumentó que el valor de sus conferencias era elevado, pero Calama recalcó que, en última instancia, quien cobraba era él y no la empresa.
El exjefe del Gobierno respondió a la mayoría de las preguntas, aunque se negó a dar detalles sobre ciertos temas, como su relación actual con Julio Martínez Martínez y las denominadas “malditas joyas” halladas en su despacho. Respecto a la empresa peruana Focus Social Research, Zapatero solo indicó que su trabajo fue de asesoramiento, sin especificar el tipo de tareas realizadas, remitiéndose al contrato firmado.
Este caso pone de relieve la creciente atención judicial sobre los ingresos de antiguos altos cargos y la exigencia de transparencia en sus actividades privadas tras dejar el Gobierno. En España, la Audiencia Nacional es el órgano encargado de investigar delitos económicos y de corrupción de especial relevancia. El control sobre las actividades de exdirigentes se ha intensificado en los últimos años, en parte por la presión social y mediática para evitar conflictos de intereses y garantizar la integridad institucional.
