José Luis Rodríguez Zapatero no logró convencer al juez Calama de su inocencia en el caso Plus Ultra. El interrogatorio reveló lagunas en su actividad como consultor y mantiene la presión judicial sobre él y su entorno.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero compareció durante 156 minutos ante la Audiencia Nacional, pero no consiguió despejar las sospechas del juez José Luis Calama en la investigación por el rescate de Plus Ultra y su relación con la consultora Análisis Relevante. Pese a la defensa pública del Gobierno y el respaldo del PSOE, el magistrado mantuvo la imputación tras un interrogatorio que puso en evidencia las debilidades de la versión de Zapatero sobre su papel como consultor y su vínculo con el empresario Julio Martínez Martínez.
El juez Calama centró sus preguntas en la falta de pruebas documentales sobre los trabajos de consultoría de Zapatero para Análisis Relevante, sociedad creada por Martínez Martínez en 2020. El expresidente admitió que no existían contratos escritos ni encargos formales, y que la relación era verbal, con pagos anuales fijos y sin registros de comunicaciones. Además, reconoció que la empresa no tenía empleados y que desconocía el destino final de los informes, que podían consistir en viajes, comidas o consultas generales sobre geoestrategia y economía.
Uno de los puntos clave fue la supuesta gestión de Zapatero para Plus Ultra. El expresidente insistió en que nunca intervino ante funcionarios ni autoridades para favorecer el rescate de la aerolínea, y que su única actuación fue facilitar un contacto con el Banco Santander a petición de Martínez Martínez. Sin embargo, el juez cuestionó por qué, conociendo a los principales clientes de la consultora, Zapatero no tuvo relación directa con Plus Ultra, y mostró escepticismo ante la explicación de que la interacción la llevaba exclusivamente su amigo empresario.
La investigación también puso el foco en la sociedad Inteligencia Prospectiva, vinculada a los hermanos Amaro Chachón y señalada por transferencias a la empresa de las hijas de Zapatero. El expresidente afirmó que cortó relación con ellos tras su imputación y defendió la labor de sus hijas en Whathefav, aunque el juez anunció la imputación de ambas y de su secretaria por su presunta relación con la red investigada.
Otro aspecto relevante fue la comida celebrada en el restaurante Portonovo de Madrid en enero de 2021, donde la policía sospecha que se gestó la creación de una sociedad en Dubái para canalizar parte del rescate de Plus Ultra. Zapatero no pudo aclarar si asistió a ese encuentro, aunque admitió conocer a Tomás Guerrero Blanco, empresario con negocios en Emiratos Árabes Unidos. El juez consideró sospechoso que el expresidente no recordara su presencia en la cita, dado el contexto de la investigación.
Zapatero se comprometió a revisar su agenda y a aportar documentación sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina, por las que también está imputado. La defensa del expresidente sostiene que no hay pruebas directas de tráfico de influencias, delito del que depende la acusación de blanqueo de capitales. Sin embargo, el juez mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluidas las operaciones en Dubái y los movimientos de fondos entre las sociedades implicadas.
El caso Plus Ultra ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y el papel de las consultoras en operaciones empresariales con apoyo estatal. Según datos públicos, el rescate a la aerolínea ascendió a 53 millones de euros y fue aprobado en el contexto de la pandemia. La Audiencia Nacional sigue analizando si existieron irregularidades o tráfico de influencias en la concesión de la ayuda y en los flujos económicos posteriores.
