La Audiencia Nacional investiga movimientos en cuentas del PSOE por posibles pagos a Leire Díez y otros implicados. El juez Pedraz ha solicitado datos bancarios a 12 entidades. Solo la UCO tendrá acceso a la información recabada.
El juez Santiago Pedraz, responsable del caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha dado un paso clave en la investigación al solicitar a 12 bancos información detallada sobre 81 cuentas, incluidas seis pertenecientes al PSOE. El objetivo es rastrear posibles transferencias a Leire Díez, exmilitante socialista, y a otros imputados en el sumario. La medida cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y busca esclarecer si existieron pagos irregulares vinculados a la presunta trama para influir en procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Para proteger la confidencialidad de los datos bancarios, Pedraz ha creado una pieza separada en la causa. Solo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tendrán acceso a esta información, con el fin de evitar filtraciones y garantizar la integridad de la investigación. La Fiscalía subraya que, según sus pesquisas, el PSOE habría facilitado recursos logísticos y financieros al grupo investigado a través de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido. Cerdán, según el ministerio público, habría encargado a Leire Díez en abril de 2024 la coordinación de acciones destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales o policiales que pudieran afectar al partido o al entorno del presidente.
Además de Leire Díez y Santos Cerdán, figuran como imputados los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La Fiscalía sostiene que, aunque no se ha acreditado un pago directo de Teijelo a Díez, sí consta que Teijelo recibió 125.000 euros del PSOE por servicios no prestados ni contratados. Oliver, por su parte, habría canalizado pagos de la formación a la exmilitante socialista. Estas operaciones han motivado el rastreo de cuentas para identificar posibles movimientos adicionales y esclarecer el alcance de la supuesta red.
La investigación se enmarca en un contexto de creciente presión judicial sobre el PSOE y el Gobierno, con varios procedimientos abiertos que afectan tanto a miembros del partido como a familiares del presidente. El caso ha generado atención mediática y política, especialmente tras la decisión del juez de limitar el acceso a la información bancaria a un grupo reducido de agentes. En situaciones similares, como la reciente actuación de la Guardia Civil en Bizkaia por blanqueo de capitales, la colaboración entre fuerzas de seguridad y la Fiscalía ha sido determinante para avanzar en causas complejas, como se reflejó en la cobertura de una red de blanqueo desmantelada en Bizkaia.
La Audiencia Nacional es el órgano judicial encargado de los delitos más graves y complejos en España, incluyendo corrupción y crimen organizado. La UCO, unidad especializada de la Guardia Civil, suele intervenir en investigaciones de alto impacto mediático y político. El rastreo de cuentas bancarias es una herramienta habitual en casos de presunta corrupción, permitiendo reconstruir flujos financieros y detectar posibles irregularidades. El caso Leire Díez se suma a una serie de investigaciones recientes que han puesto bajo escrutinio la financiación y las prácticas internas de partidos políticos en España. La evolución de este procedimiento podría tener repercusiones tanto judiciales como políticas en los próximos meses.
