Las autoridades de Chile inician cobros directos de cuentas bancarias a deudores CAE sin orden judicial. En Chile han comenzado los cargos forzosos de fondos de cuentas bancarias a los deudores del crédito CAE. El Ministerio de Hacienda afirmó que la medida afectará principalmente a los morosos con mayor capacidad económica. Para los ciudadanos de bajos ingresos se han prometido alivios.
En Chile estalló un escándalo por los nuevos métodos de cobro de deudas del crédito educativo con aval estatal (Crédito con Aval del Estado, CAE). Por orden del gobierno de José Antonio Kast, se comenzó a debitar fondos de las cuentas bancarias de los morosos sin autorización judicial. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que estas acciones han sido autorizadas para acelerar el retorno de las deudas y reforzar el presupuesto.
Según las autoridades, solo el 40% de los beneficiarios del CAE no presenta retrasos en los pagos. El resto debe al Estado sumas significativas. Quiroz subrayó que cada año el Estado se ve obligado a pagar a los bancos alrededor de 500 millones de dólares por créditos impagos, lo que supone una carga para todos los contribuyentes. Señaló que la mayoría de los afectados por los débitos son ciudadanos con ingresos superiores a 3,5 millones de pesos mensuales (aproximadamente 3 900 dólares), quienes, a pesar de su alto salario, no han saldado la deuda.
Desde el inicio de la presidencia de Kast, unas 30 mil personas ya revisaron sus compromisos con el CAE para evitar sanciones. Sin embargo, menos de 1 500 deudores enfrentaron realmente débitos o embargo de bienes. Las autoridades señalaron que, en primer lugar, las medidas se dirigen a 1 800 personas con ingresos superiores a 5 millones de pesos al mes (cerca de 5 500 dólares), cuya deuda total supera los 20 millones de dólares. Algunos de ellos afirman que sus ingresos reales son menores a los declarados.
Además de los débitos en cuentas bancarias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) retiene las devoluciones de impuestos a quienes no pagan el crédito ni han establecido un acuerdo de reestructuración. El Ministerio de Hacienda promete un enfoque individual para los deudores con ingresos inferiores a 3,5 millones de pesos, a quienes podrían ofrecerse soluciones alternativas.
La incautación de bienes —desde departamentos hasta automóviles— ya se está realizando en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y en los próximos días la práctica se extenderá a todo el país. Según información de la Tesorería General de la República (TGR), si la deuda no se salda, los bienes pueden ser puestos en subasta judicial. Las autoridades enfatizan que actúan estrictamente dentro del marco legal y utilizan todas las herramientas contempladas para recuperar recursos para el presupuesto.
El presidente Kast respaldó las acciones del Ministerio de Hacienda, afirmando que los ciudadanos solventes tienen la obligación de cumplir con sus compromisos, ya que esos recursos son necesarios para financiar otros programas sociales, incluyendo la educación de los niños. Señaló que eludir los pagos frena el desarrollo del país.
Diputados de oposición de Frente Amplio enviaron una solicitud formal a la Tesorería exigiendo que se revelen los criterios de selección de deudores para los débitos y se explique cómo se protege el ingreso mínimo de los ciudadanos. También les interesa saber si se cumplen las normas laborales y el principio de proporcionalidad en los procesos de cobro.
La cuestión de las deudas por el CAE ya ha sido objeto de promesas políticas. Así, Gabriel Boric, en su campaña presidencial de 2021, prometió condonar estas deudas, pero no logró llevar a cabo la iniciativa. Durante su mandato, la proporción de morosos aumentó en 25 puntos porcentuales, según datos de la comisión Ingresa.
Al inicio de la implementación del nuevo plan, la deuda total por el CAE alcanzaba los 4 billones de pesos (alrededor de 4.400 millones de dólares), ocho veces más que en 2018. A modo de comparación, en España los temas de desahucios y recuperación de deudas también generan polémica: recientemente, un tribunal en Badalona consideró legales las acciones del ayuntamiento en el desalojo masivo de migrantes, lo que generó un debate entre la fiscalía y las autoridades municipales (más detalles sobre el tema).
Para referencia: el CAE es un programa estatal de préstamos estudiantiles vigente en Chile desde 2006. El crédito lo otorgan bancos, pero está garantizado por el Estado. En caso de impago, el Estado salda la deuda con el banco y luego cobra al prestatario. En los últimos años, el programa ha sido criticado por la alta carga de deuda para los egresados y por los métodos controvertidos de recuperación.
